Esta vez las autoridades las comunidades ancestrales que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) decidieron intentar una nueva forma de lucha para conservar el territorio ancestral.
Agotados por tantos trámites sin resultados en la última década, unos 2000 hombres y mujeres arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo bajaron el 1 de noviembre desde los cuatro puntos cardinales del macizo y se agruparon en Valledupar, capital del departamento del Cesar, para protestar a través de una minga. Esta es una reunión comunitaria de apoyo mutuo que se realiza para sacar las cosechas, construir casas o en este caso, para defender el suelo que habitan.
“Nunca nos habíamos expresado públicamente. Este es un acto pacífico en el que solo tuvimos la palabra como herramienta. Llegamos aquí porque nos preocupan los megaproyectos, hidroeléctricas, represas, minería e infraestructura que tienen programados para nuestro territorio y que podrían generar en un desequilibrio sin control a futuro”, exclamó la economista del pueblo arhuaco Saday Rosado.
Pedían solucionar el incumplimiento de fallos y sentencias de las altas cortes en 2009, 2010, 2014, 2016 para la salvaguardia de los grupos étnicos que sufren el desplazamiento forzado; la protección general de la Sierra y la ampliación de los resguardos.
El tema más álgido, y en el que se centró toda su energía, fue la petición de eliminar el licenciamiento minero en el territorio ancestral y la búsqueda de una herramienta jurídica que garantice que la Sierra estará libre de esta actividad a perpetuidad.
“Los Mamos (hombres sabios) dicen que los daños son tan grandes que si no logramos sacar este punto adelante ya no tendremos nada más que conversar”, aseguró a Mongabay Latam Gelver Zapata, líder arhuaco.
Después de varios días de manifestación, de proclamas virtuales, desencuentros con el gobierno, de mucha insistencia y de conocer los gases lacrimógenos, el 25 de noviembre una Mesa de Alto Nivel conformada por la Confederación Indígena Tayrona y los ministerios de Interior, Ambiente, Minas, Agricultura y las agencias del Estado se llegó a un acuerdo. Las partes buscarán una figura jurídica, antes de finalizar el año, que proteja el territorio de megaproyectos, minería e hidrocarburos. Los garantes son la OEA, ONU, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Si no se da el acuerdo, los indígenas anunciaron que volverá una minga más grande.
¿Qué pasa en la Sierra?
“Una buena parte del origen de las afectaciones en la Sierra Nevada es el desorden por una intervención institucional desarticulada, acompañada de los múltiples intereses que hay desde afuera. Esto genera en una vulneración y afectación muy fuerte sobre el ejercicio de la autonomía y el gobierno de los cuatro pueblos indígenas”, expresó a Mongabay Latam Tito Rodríguez, jefe del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM).
La ecorregión de la Sierra Nevada está delimitada por la ‘Línea negra’ y encierra, resguardos, tres parques naturales nacionales y 17 municipios en tres departamentos.
Comentó que “todos los antecedentes históricos que ha tenido el macizo, llámese los diferentes momentos de conflicto armado, marihuana, coca, guerrilla y paramilitares, han generado en desorden y eso se traduce en lo que tenemos actualmente: un conflicto territorial”.
Un ejemplo claro -explica- es que muchas tierras que eran de los indígenas ya están ocupadas por población no nativa, además ahora se quiere generar una gran zona de cadenas productivas. Para el funcionario, los principales impactos ambientales que existen hoy en la Sierra son los megaproyectos, la minería y el turismo.
“La Sierra no da para eso y esa mirada que se hace desde fuera del territorio está en contravía de la visión de ordenamiento que tienen los pueblos, por eso la minga. Para nosotros desde el gobierno vemos y tenemos a la Sierra fragmentada, cada uno tiene su jurisdicción y para los indígenas es un solo territorio, eso es lo que más complica la situación, tener múltiples visiones sobre un lugar que es unificado para ellos”, relató Tito Rodríguez.
Entender la Línea Negra
Una Ley enmarcada en la llamada Línea Negra que es la zona teológica o frontera invisible que delimita el territorio ancestral y que comprende 17 municipios y un Distrito en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, con 3 millones de habitantes.
La otra ley, la de ‘hermanos menores’ como denominan al resto de colombianos, cita a la Línea Negra, en sentencia T849-14 de la Corte Constitucional, como: “una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene para los cuatro pueblos indígenas, por esa razón, esas comunidades deben ser consultadas cuando un proyecto pueda afectar el ejercicio de sus derechos, no hacerlo constituiría un incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones y una vulneración de los derechos de la comunidad”.
Explica la Corte que fue georreferenciada, en un primer momento, en la Resolución 02 del 4 de enero de 1973 proferida por el entonces Ministerio de Gobierno y luego, en la Resolución 837 de 1995, emitida por el Ministerio del Interior.
La sierra es Reserva Forestal y de la Biósfera de la UNESCO (1959 y 1979) y la montaña costera más grande del mundo, y representa todos los pisos térmicos y ecosistemas colombianos, desde el nivel del mar hasta los picos, algunos todavía nevados.
Dicho lugar es una ecorregión donde convergen tres tipos de áreas protegidas: la Línea Negra, los Resguardos Indígenas y tres Parques Nacionales Naturales: PNN Sierra Nevada (400.000 mil hectáreas), PNN Tayrona (12.000 hectáreas) y el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos (7.600 hectáreas).
Avalancha de
solicitudes
La biodiversidad está en riesgo, dicen los indígenas. Luego de un proceso de verificación con la Agencia Nacional de Minería realizado en el último año, constataron que 132 títulos mineros ya están activos en territorio ancestral.
Adicionalmente, la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Magdalena informó que con base en la Sentencia T849 de 2014, las comunidades fueron informadas de la existencia de 395 solicitudes de títulos de minería que debían ser objeto de consulta previa.
Estas solicitudes de títulos mineros para la explotación de calizas, hidrocarburos, níquel, cobre, entre otros minerales, se convirtieron en una avalancha durante 2017. Según Hermes Torres, secretario de la Confederación Arhuaca, se proyectarían a más de 1000 solicitudes.
Para el abogado Rodrigo Negrete, promotor de procesos de consulta previa en varias regiones del país, esas solicitudes mineras no debieron haberse tramitado por tres razones. La primera, “en virtud del principio de precaución las entidades correspondientes debieron suspender todos los trámites asociados a actividades mineras, petroleras de generación eléctrica y otras que vayan en contravía de la vocación de la Sierra”.
La segunda es que la Corte Constitucional en Sentencia C389 de 2016 ordenó que los indígenas son autoridades ambientales que se regulan por sus propias formas de manejo, por esto deberían tomar sus propias decisiones sobre su territorio. Y la tercera, “los títulos mineros y los contratos petroleros son medidas administrativas que pueden afectar a estos pueblos, por tanto, antes de otorgarlos deberían surtir el proceso de consulta previa y no lo están haciendo”.
Mercurio en sitio
ceremonial
La comunidad denunció ante la Procuraduría y la Corte Constitucional el funcionamiento de cinco minas ilegales de oro en los ríos Naranjales, San Salvador y río Negro, con daños al agua, aire y suelo por vertimiento de mercurio, cianuro y otros químicos concentrados.
“Hemos visto que la minería no respeta zonas de especial protección, espacios sagrados, asentamientos humanos, glaciares, nacientes de agua, cabeceras de cuencas ni ecosistemas frágiles. La actividad minera es de alto efecto negativo, quien diga no tiene impactos ambientales está mintiendo”, escribieron a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Proyectos sin
consulta previa
El Consejo Territorial de Cabildos (CTC) se quejó ante la PGN y la Corte Constitucional en agosto pasado por lo que considera la violación al derecho de consulta previa en diferentes proyectos realizados en años anteriores: “La construcción inconsulta de la primera fase de la Represa Ranchería, Puerto Brisas, el proyecto ecoturístico Los Ciruelos, la ampliación de la Ruta del Sol y la entrega de nuestro territorio a empresas mineras”.
Además de los mencionados, los cuatro pueblos suspendieron el proceso de consulta del proyecto de Línea Férrea y el Puerto Carbonífero MPX-CCX, en Mingueo, La Guajira, al considerar que no había garantías.
Por estos casos mencionados hicieron que el 13 de febrero de 2016 los pueblos suspendieran los procesos de consulta previa por considerar que no existen garantías, hasta lograr un acuerdo con el gobierno. A la fecha son 130 las solicitudes de consulta previa que están pendientes por realizar.
‘Sujeto de Especial Protección’
El 1 de agosto la Procuraduría General de la Nación convocó una audiencia con las cuatro comunidades indígenas y los nueve magistrados de la Corte Constitucional, en Nabusímake.
Fue la primera vez en la historia que la Corte sesionó en pleno fuera de Bogotá. “El diálogo no tiene antecedentes, ayudó mucho a la comprensión, porque ver esto desde Bogotá en un escritorio es muy distinto a verlo en los territorios”, expresó Fernando Carrillo, procurador general, quien se comprometió a proteger las 36 fuentes hídricas que nacen en la Sierra.
El acuerdo entre indígenas y gobierno firmado el 25 de noviembre, da 30 días para que los parques busquen una figura jurídica que impida el desarrollo de proyectos mineros en la Sierra.
En él inscribieron dos solicitudes específicas. La primera, la declaratoria como Sujeto de Especial Protección a la SNSM, con el fin de que se adopten medidas para la conservación del ecosistema y paren las acciones que lo están destruyendo. Una medida similar a la Sentencia T622 de 2016 que la Corte Constitucional profirió para declarar al río Atrato como Sujeto de derecho con efectos de protección, conservación y restauración.
La segunda es la construcción de una Política Pública para garantizar la protección cultural y ambiental de la SNSM que realice un ordenamiento desde la visión ancestral y ambiental. Para este punto hacen dos propuestas: replantear el modelo de desarrollo para la Sierra, fijar garantías para las consultas previas con el fin de que se exija el ‘consentimiento’ y no sea un mero requisito. También realizar una Evaluación Ambiental Estratégica para la Línea Negra y de impactos ambientales y culturales, acumulativos del pasado, así como los que se pueden causar por proyectos en el futuro.