La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud que gestione las medidas necesarias para garantizar en todas las EPS, clínicas y hospitales se lleve a cabo la realización de procedimiento de eutanasia, y se garantice el derecho a morir dignamente.
El alto tribunal ordena garantizar el derecho a morir dignamente tras el caso de la joven Sofía, quien fue diagnosticada con un fuerte cáncer cerebral en febrero de 2016. Tras iniciar el tratamiento con quimioterapias y no ver mejoría, la joven y su familia deciden suspender el tratamiento en agosto de ese mismo año, sin embargo, tras los intensos síntomas decide solicitar a su médico tratante la aplicación de la eutanasia.
No obstante, debido a las múltiples negativas del médico de realizar el procedimiento “el 3 de octubre de 2016 Sofía y su madre presentaron una solicitud por escrito al Gerente del Hospital San Vicente de Arauca para que se autorizara el mencionado procedimiento, recibiendo como respuesta que (…) la entidad no estaba en la obligación de llevarlo a cabo, por cuanto no cuenta con un médico especialista en oncología que permita conformar un Comité Científico Interdisciplinario”.
Por dicha razón, la paciente y su familia presentan una tutela en la cual solicitan que se conceda la protección de los derechos fundamentales a la salud y a morir dignamente a favor de Sofía.
Ante esto, la Corte Constitucional señalo que el Ministerio de Salud tiene la obligación de garantizar no solo la regulación del derecho a morir dignamente, sino también su adecuada implementación y aplicación. “Es decir, que su labor no se limita a la expedición de normas sino además a la verificación de su efectivo acatamiento”.
Asimismo, destacó que aun “existen falencias que deben ser subsanadas por el ente rector de la política pública en materia de salud, con el fin de evitar que las normas queden en simplemente escritas”.
Así las cosas, el alto tribunal ordenó al Ministerio de Salud que en el plazo de 30 días se adopten las medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento y la correcta implementación de este derecho.
También, ordena a la Nueva EPS que en el término de 48 horas inicie las gestiones necesarias para brindar la asistencia médica psicológica para la familia de Sofía con el fin de dar tratamiento a las secuelas sufridas por la pérdida de su familiar y finalmente, pide a la Superintendencia de Salud que en el término de 4 meses adopte las medidas necesarias para verificar la correcta implementación de la regulación sobre el derecho fundamental a morir dignamente.
