Segunda entrega
Si hiciéramos un repaso histórico minucioso, la lucha de los pueblos indígenas en el Cauca se remonta incluso a principios del siglo XX, recién concluida la Guerra de los Mil Días, con el movimiento liderado por Manuel Quintín Lame, indígena caucano que se dedicó a promover en su gente la idea de la recuperación de la tierra ancestral que habían perdido con la Colonización Española y luego con la República.
De acuerdo con datos consultados en fuentes del Banco de la República, fue así como en el levantamiento de 1915 la idea principal del “quintinismo” era la de constituir una “República Chiquita” donde los indígenas eran llamados a apoderarse de las fincas para recuperar lo que en un principio fue de ellos y en la que tendrían un “gobierno chiquito”, ideas que Quintín Lame se dedicó a esparcir por las comunidades indígenas del Valle, Huila, Tolima y Nariño.
Es importante hacer este paréntesis histórico, porque las ideas de Quintín Lame en su momento se tomaban por descabelladas tanto por los hacendados del Cauca como por algunos de su mismo pueblo. Incluso hay datos que indican cómo la oposición del gobierno del entonces presidente José Vicente Concha se burlaba de éste por tomar en serio las pretensiones de Manuel Quintín Lame.
Sin embargo, lo que hace 100 años se pensó era algo imposible, hoy se está convirtiendo en una realidad y los pueblos indígenas organizados tienen una estrategia para ello. Incluso lo manifiestan abiertamente. En algunos casos recientes como el de la hacienda García Arriba en Corinto, Cauca, los miembros de los grupos étnicos han asegurado que son como el pueblo de Israel, que la tierra les pertenece desde antes de la llegada de los españoles y que su tarea es recuperarla.
Han atacado las fincas privadas quemando las siembras y destruyendo bienes, amenazando con machetes a los propietarios. Todo como una estrategia de presión para que vendan los predios al Estado y éste a su vez se los traspase de manera gratuita a ellos.
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Por otro lado, merece la pena resaltar que los conflictos por la tierra no se dan sólo con sectores privados y empresariales sino entre indígenas, campesinos y afrodescendientes. A tal punto llegaron a estar las diferencias entre estos, que en el gobierno pasado se estableció una mesa interétnica para tratar de resolverlas, pero los avances fueron pocos.
Una desde política hasta ideológica
No obstante, algunos analistas como Jesús Alberto Dulce, experto en asuntos étnicos, consideran un error reducir el problema a un asunto de pleito por la tierra, pues estima que ésta sólo es la puerta de entrada de una lucha que abarca desde lo político e ideológico hasta una resignificación de lo que entendemos por estado-nación moderno.
Dulce afirma que la Constitución de 1991 ratificó las ideas de Quintín Lame y, en ese sentido, se abrieron unas ventanas jurídicas estructurales que se asemejan más al modelo de una “paraestatalidad indígena” que al de un estado pluriétnico y multicultural.
EL DATO
Merece la pena resaltar que los conflictos por la tierra no se dan sólo con sectores privados y empresariales sino entre indígenas, campesinos y afrodescendientes.
“No podemos desconocer que todo esto es producto de un cúmulo de batallas que los indígenas han ganado en las cortes, con mucha paciencia, inteligencia, estrategia y la cohesión que muchas administraciones desearían tener. De acuerdo con el concepto de autonomía de los pueblos indígenas y protección de sus usos y costumbres que les asignan la Constitución y el derecho internacional, hoy estos tienen sistemas de salud y educación propios, reciben recursos del Sistema General de Participaciones por cuanto son equiparables a un ente territorial y tienen la posibilidad de declarar territorios indígenas encima de predios de particulares, como es el caso de la Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta”, asegura el especialista.
“Son autoridad ambiental, con lo cual se entra en plena contraposición con las CAR. Adicionalmente, pueden constituir su guardia propia (que es un ejército propio) y gozan de una jurisdicción especial o justicia propia en la que son las autoridades tradicionales y sus estructuras quienes definen las penas para quienes violen su Ley de Origen y demás preceptos que a bien tengan determinar cómo autoridad étnica. Esto implica que una persona que se encuentre dentro de un territorio indígena y cometa una infracción definida por sus autoridades, pueda ser sometido a penas como latigazos, como ya sucedió una vez, o retenciones con privación de la libertad como la del militar que estuvo hace poco en la minga del Cauca. En la práctica, como la gente no conoce la Ley de Origen ni las normas de cada comunidad, cuando entra en un territorio indígena casi que es como si ingresara en otro país. Es un estado dentro del estado”, concluye.
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Todo esto lleva a preguntarse si tiene hoy el gobierno la seguridad jurídica para considerar, por ejemplo, que la detención del oficial del Ejército por parte de la guardia indígena del Cauca se considera un secuestro, como afirmó el actual Ministro de Defensa, o es una detención en el marco de la potestad constitucional que tienen las comunidades indígenas del país. Es, desde cualquier punto de vista, un tema que merece no sólo la atención sino el análisis de toda la sociedad, puesto que pone en serios cuestionamientos temas como el respeto a los derechos humanos para ciudadanos no indígenas, el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado y un choque de trenes entre la justicia ordinaria y la especial de estos grupos minoritarios.
¿Qué están pidiendo?
De acuerdo con uno de los pliegos de peticiones de la Minga que fue publicado por el diario La República el pasado 21 de marzo, hacemos un resumen general de los temas más llamativos.
3.6 billones de pesos para el cumplimiento de los compromisos con los pueblos indígenas del Cauca, adicionales a los 10 billones que el gobierno afirma acordó con el resto de los indígenas del país en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022.
El retiro de varios proyectos de ley que cursan actualmente en el Congreso, entre ellos el que modifica la Ley 160 de 1994 (ley de tierras)
El desmonte o modificación de leyes como la Ley 99 de 1993 (Ley General de Ambiente), la Ley de Zidres y el Código de Minas.
Fortalecimiento para el gobierno propio de los pueblos, incluyendo la guardia indígena.
Reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.
Desmonte del Esmad.
Que se respete el Acuerdo de Paz.
No se pierda el martes la tercera entrega.