Las guerras del éxodo

El alarmante aumento del fenómeno evidencia que la violencia se ha recrudecido en varios lugares del país.

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Los desplazamientos masivos triplicaron sus víctimas en el último año. Hay al menos tres regiones fuera de control, azotadas por disputas entre criminales que expulsan a sus pobladores.

La guerra por el territorio y el narcotráfico está reactivando el flagelo que más víctimas ha dejado en el país. Cuando la curva del desplazamiento que desarraigó a 7,5 millones de personas en los últimos 30 años alcanzaba sus puntos más bajos, el fenómeno vuelve a tomar vuelo. En 2017 tocó piso. La Defensoría del Pueblo registró 51 eventos masivos, en los que 10 o más familias abandonaron su tierra. En total 12.841 personas. El año pasado, la misma entidad registró 99 casos que afectaron a 35.407 personas, el triple del periodo anterior.

El aumento del desplazamiento masivo habla de que la violencia se ha recrudecido en varios puntos del país. La situación llega a un punto tan crítico que obliga a veces a comunidades enteras a lanzarse al éxodo. Entre enero y febrero de este año, ocho casos afectaron a 2.600 personas. Al contrastar los periodos, aparecen las nuevas características lo que muchos viven en varios territorios del país.

Por ejemplo, la mayoría de los desplazamientos masivos de 2017, respondieron a la agresión de un solo grupo armado. Es decir, el que controlaba o llegaba a controlar la zona a punta de amenazas. Pero los casos de 2018 y los que van de 2019 tienen un factor común diferente. En estos años el grueso de los casos registra hasta dos y tres responsables. Es decir, la gente huye porque queda en medio del fuego de los grupos en disputa.

En Catatumbo, el territorio más golpeado desde el año pasado, 11.000 personas se han desplazado masivamente. En esa región de Norte de Santander el Eln y el Epl libran una guerra por copar los espacios que dejaron las Farc tras el desarme. En marzo de 2018, esos antiguos aliados se declararon enemigos abiertos. La violencia alcanzó su punto crítico en julio, cuando 9 personas murieron en un billar de El Tarra. Hacia finales del año, el ELN empezó a ganar el pulso, y los que quedaban del Epl -unos 300 hombres- buscaron refugio hacia la frontera con Venezuela, donde se aliaron con Los Rastrojos.

El Pacífico Nariñense fue el segundo foco de desplazamiento, con 10.000 víctimas. Allí sufren una triple guerra entre el Eln y dos disidencias de las Farc: la del Frente Óliver Sinisterra, fundadas por el difunto Guacho, y las Guerrillas Unidas del Pacífico, que dirigía alias David, también caído. Aunque los comandantes de ambas disidencias murieron en operativos de la Fuerza Pública en 2018, eso no logró cambiar la situación para este año.

De hecho, hace un par de semanas, alrededor de 200 colombianos se desplazaron a Ecuador para huir de enfrentamientos entre los herederos de Guacho y los hombres de un nuevo capo en la región, conocido como alias Contador.

El tercer punto crítico queda en el Bajo Cauca antioqueño, donde hay enfrentamientos entre elenos, disidentes de las Farc, Clan del Golfo y Caparrapos, una banda de unos 300 hombres separada del Clan. El colegio de Cáceres lo muestra. Solo con el cambio de año escolar, la tercera parte de sus alumnos dejaron de asistir. Las familias se van ante la amenaza de reclutamiento de las bandas, que ofrecen hasta un millón de pesos por cada menor de edad en sus filas.

El tamaño de los desplazamientos también demuestra el recrudecimiento de la violencia. En 2017 solo hubo un caso en el que 1.000 o más personas huyeron al tiempo. En 2018 hubo 6 casos de esos y este año ya se presentó otro, según la Defensoría. El más crítico tuvo lugar el 28 de agosto pasado, cuando 4.148 personas abandonaron el casco urbano de Tumaco.

En Chocó padecen otra consecuencia de esa misma violencia. En vez de desplazarse, las comunidades viven confinadas. No pueden moverse de sus casas porque hay afuera hay una guerra entre el Eln y el Clan del Golfo. En el Carmen del Darién han muerto al menos dos niños por falta de atención médica. Este fenómeno afectó alrededor de 15.000 personas el año pasado en el país, especialmente a comunidades indígenas o afros.

La tendencia al alza del desplazamiento coincide también con la de otros indicadores como los homicidios y las masacres, que además afectan las mismas regiones. Hay territorios incendiados, lo dicen las cifras.