En la actualidad amenazar, injuriar o calumniar parece estar de moda en las redes sociales, al parecer las personas desconocen que estas acciones conllevan a responsabilidades penales.
Por: Wendy López Picón
Redacción EL INFORMADOR
Mucha gente confunde la libertad de expresión con la posibilidad de difundir calumnias e injurias, e incluso realizar amenazas de muerte, en contra de otra persona a través de redes sociales.
Cada vez es más común que haya personas de todas las edades afectadas por este tipo de ataques que se cometen detrás de cuentas como las de Twitter o Facebook.
Sin embargo, las calumnias, injurias o incitaciones a través de las redes sociales, al igual que las que se hacen en persona o a través de otros medios como llamadas telefónicas, también constituyen un delito.
Aunque en ocasiones los perfiles en Facebook o Twitter, muchas veces falsos, den la sensación de que no existen restricciones, lo cierto es que sí existen leyes que sancionan determinados comportamientos por estos medios. Y es que existe una delgada línea entre la libertad de expresión e incurrir en delitos.
Los afectados por delitos como calumnias o amenazas de muerte por medios electrónicos, entre ellos políticos, líderes, artistas o ciudadanos en general, tienen todo el derecho de entablar denuncias en contra de sus atacantes, para que rectifiquen o para que sean sancionados.
En la ley
Los artículos 220 y 221 del código penal colombiano establecen como delitos a las calumnias e injurias. Quienes comentan estas faltas podrían ser condenados a penas desde 16 hasta 72 meses de prisión así como recibir sanciones de hasta 1.500 salarios mínimos legales vigentes.
El artículo 223 del Código Penal colombiano se refiere a circunstancias de agravación punitiva: “quien utilice cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva o en reunión pública para señalarle delitos sin ninguna prueba, la pena se le aumentará de una sexta parte a la mitad”.
En la misma ley, en los artículos del 169 al 171, se establecen las amenazas como delito, así como castigos por hasta cinco años de prisión para quienes las cometan.
Castigos penales
Estos temas ya no son letra muerta en Colombia. Ya hay varios casos en los que las autoridades se han manifestado y los implicados han tenido que pagar por lo expresado en las redes. Los dos últimos casos que sonaron bastante, puesto que los implicados son personajes públicos, fueron las amenazas vía Twitter que le hicieron al expresidente Álvaro Uribe y a el jugador de la selección Colombia Carlos Sánchez.
La del expresidente y actual senador Álvaro Uribe fue por un trino que hizo una enfermera samaria de nombre Andreina Vargas el 27 de mayo de este año, en el que resumió todo su odio contra el senador. Aunque la enfermera lo borró al rato, algunos usuarios de esta red social alcanzaron a tomarle un pantallazo para presentarlo como prueba de una amenaza de muerte.
Vargas afirmó públicamente que el trino no fue de su autoría, sino que fue víctima de algún hacker que ingresó a su cuenta y escribió la amenaza. Aun así, la Fiscalía ha seguido las investigaciones para esclarecer si eso es cierto o no.
Y el segundo caso, el del jugador de fútbol Carlos Sánchez, fue el pasado 19 de junio, provienente de la cuenta de Twitter @HumoAguilaFPC, que fue desactivada minutos después del trino y que llevaba una imagen de Sánchez al lado del jugador Andrés Escobar, quien fue asesinado en julio de 1994 a su regreso a Colombia luego de marcar un autogol en el Mundial de Estados Unidos.
Junto a las fotografías escribió: “les propongo un sueño”. Esto tras la expulsión del jugador colombiano al iniciar el partido contra Japón en el Mundial de Rusia.
Estos han sido los más sonados últimamente, pero a diario alguna persona está siendo víctima de este tipo de acciones.
Casos en los que los responsables fueron castigados con cárcel y sanción pecuniaria.
Hay dos casos concretos en los que internautas que escribieron comentarios ofensivos, fueron castigados:
El primero fue en 2015, cuando Gonzalo Hernán López, tras leer una noticia sobre un caso de corrupción de Emcali, escribió con un seudónimo lo siguiente: “Y con semejante rata como es Escalante, que hasta del Club Colombia y Comfenalco la han echado por malos manejos qué se puede esperar… el ladrón descubriendo ladrones? bah! (sic)”.
Ese comentario le costó a este usuario de las redes sociales 18 meses de prisión y una multa de 9,5 millones de pesos.
Otro caso fue en 2009, protagonizado por el estudiante Nicolás Castro, quien se comprometió a matar a Jerónimo Uribe, hijo del entonces presidente Álvaro Uribe. El estudiante pasó un tiempo en la cárcel, sindicado de instigar al delito. Dos años después, un juez lo absolvió y cerró el caso.
Las opiniones son libres, siempre que sean responsables y que no descalifiquen injuriosa y calumniosamente a las personas.
