La Fiscalía capturó a Carlos Palacino, quien construyó el emporio de Saludcoop con manejos ‘non sanctos’, para que responda por el que sería el desfalco más grande de la historia de la salud.
Hace ocho años Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, fue removido del emporio que construyó, acusado de desviación y apropiación de recursos de la salud. Y en la madrugada de este viernes, agentes del CTI lo detuvieron en el exclusivo condominio Pradera de Potosí, en La Calera.
La orden, emitida por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, busca que Palacino, hasta ahora indemne ante la justicia penal, responda por un presunto peculado de 770.000 millones de pesos, una cifra que a pocos les cabe en la cabeza. Salvo al propio Palacino, quien llegó a manejar un grupo de 25 empresas, más de 5 millones de afiliados y recursos por más de 2,5 billones de pesos al año.
La Fiscalía encontró que la EPS Saludcoop, bajo el liderazgo de Palacino, utilizó dineros públicos de la salud para realizar inversiones y gastos, algo que ya los organismos de control habían demostrado.
Como se sabe, en marzo de 2013 la Procuraduría General ratificó la sanción disciplinaria impuesta a Palacino, al igual que a otros 11 directivos más, de 18 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Por su parte, la Contraloría General, en noviembre de ese mismo año, lo condenó por medio de un fallo de responsabilidad fiscal a pagar 1,4 billones de pesos, junto a los directivos del grupo, por el daño patrimonial causado al sistema de salud del país.
Ahora, según la Fiscalía, Palacino habría promovido entre 2000 y 2004 la apropiación indebida de recursos provenientes de las UPC (unidad de pago por capitación) y rentas parafiscales por 400.000 millones de pesos, monto que a diciembre pasado alcanzaría los 770.000 millones de pesos. Con esos recursos, que el sistema de salud les reconoce a las EPS para que atiendan y respondan por el bienestar de cada afiliado, Saludcoop los habría utilizado como ganancias de la empresa para incrementar el patrimonio y usarlos en comprar o construir clínicas, empresas, inversiones nacionales, adquisición de planta y equipo, pago de deudas, préstamo a socios y trabajadores, e inversiones en México y Ecuador. Para la Fiscalía, el dinero de la salud tiene destinación específica: la atención de los usuarios y la ejecución de campañas preventivas, lo que significa que la utilidad de las EPS es limitada. “Los gastos diferentes, como los hechos por Saludcoop, deben hacerse por inversión de las ganancias de las EPS y demás recursos propios, y no por cuenta de los dineros que el Estado destina a los afiliados del sistema”.
Además de estos recursos, la Fiscalía encontró serias irregularidades en el manejo de la información de la entidad, que habrían permitido la apropiación ilícita de los dineros. Entre estas se encontró que a cerca de 300.000 beneficiarios no les coincidían sus apellidos con los de sus padres, que había hombres afiliados como mujeres o adultos vinculados al sistema como menores de edad.
Palacino, profesor de matemáticas que empezó su vida laboral como actuario de seguros, deberá responder por peculado por apropiación en favor de terceros. Por ser una pesquisa antigua, su caso queda sometido a la Ley 600, lo que implica que la Fiscalía lo escuchará en indagatoria y resolverá su situación judicial en los próximos tres días.
La decisión revivirá el enfrentamiento que en su momento mantuvieron la entonces contralora Sandra Morelli y el fiscal Eduardo Montealegre, quien antes había defendido el uso de los recursos de Saludcoop para las inversiones que hoy cuestiona la Fiscalía. Además, quedan en la mira de la Fiscalía otros directivos de Saludcoop que deben comenzar a poner su barba en remojo.
La orden de captura, emitida por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, busca que Palacino, hasta ahora indemne ante la justicia penal, responda por un presunto peculado de 770 mil millones de pesos, una cifra que a pocos les cabe en la cabeza. Salvo al propio Palacino, quien llegó a manejar un grupo de 25 empresas, más de 5 millones de afiliados y recursos por más de 2,5 billones de pesos al año.
La Fiscalía encontró serias irregularidades en el manejo de la información de la entidad, que habrían permitido la apropiación ilícita de los dineros. Entre estas se encontró que a cerca de 300 mil beneficiarios no les coincidían sus apellidos con los de sus padres, que había hombres afiliados como mujeres o adultos vinculados al sistema como menores de edad.
