Santa Marta está cambiando, eso es un hecho, sin embargo las evidencias que dejan las cifras de distintos sectores dan cuenta que el cambio no todo es positivo, tal es el caso del sector de la construcción, que es uno de los de mayor y de más inmediato impacto sobre cualquier economía local, y el caso de la economía samaria no es la excepción.
Pese a que la situación cada día se hace más difícil para el sector, las voces de quienes deben posar como dolientes no se hacen sentir. Solo hasta hace unos días por fin se registró una manifestación solitaria de preocupación por parte de Daniel Varón Quintero, presidente de la Sociedad de Arquitectos del Magdalena, quién ya no viene a advertir sobre la probabilidad de una “crisis” sino, que desafortunadamente presenta algunas de las cifras de esta crónica agonía en la que se encuentra el sector de la construcción de la ciudad.
Y es que esa crisis de la construcción se presentó de manera silenciosa pero no por falta de síntomas, sino porque no hubo antes quién se atreviera a reconocerlas, y si bien la situación del sector a nivel nacional no es la mejor, claramente las cifras que a continuación se presentan, evidencian que el caso de Santa Marta es sumamente crítico, especialmente en lo que respecta a la construcción de viviendas de interés social, la cual necesariamente va ligada a aspectos socioeconómicos como la calidad de vida de la población y el empleo en la ciudad.
Suenan las alarmas
El alcalde Rafael Martínez y su equipo de gobierno deben entender que estas cifras no corresponden simplemente a un sector económico en crisis, pues como se mencionó antes, esta situación afecta a miles de familias del Distrito que ven disminuidas sus oportunidades de adquisición de vivienda por un lado y por otro las de su generación de ingresos a través de los empleos directos e indirectos que promueve la construcción.
El llamado de atención que tardíamente comienza a hacer el sector da cuenta de una preocupación muy sentida con respecto a la inestabilidad jurídica que al parecer viene generando la Alcaldía Distrital a través de decisiones que dejan a los inversionistas en un limbo sobre el ordenamiento territorial de la ciudad. Con las salidas en falso de la Secretaría de Planeación con el aumento sin mayor soporte del impuesto de delineación urbana, con resoluciones de derogación de normas, nuevas resoluciones y posteriores anulaciones de las mismas, desorientan la dinámica de desarrollo urbano de la ciudad y bloquean nuevas iniciativas, propiciando una incertidumbre total sobre el mercado de vivienda en general, que agudiza aún más la situación expuesta.
Las preguntas de bulto son: ¿Qué pasa con el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad? ¿Cuál es la causa de su demora? ¿Le resulta más rentable a la ciudad seguir sin reglas claras, expuesta a los caprichos de los funcionarios de turno? ¿En dónde quedó el principio de la planificación de la administración pública de este Gobierno Distrital? ¿A quiénes beneficia el limbo normativo en que se encuentra la ciudad?
Todas estas preguntas debe responderlas la Administración de la ciudad en cabeza de su alcalde y el equipo de gobierno que la conforma, porque el silencio no convence y frente a un pronto escenario electoral, puede que en cualquier momento se acabe la luna de miel entre él y quienes deberían estar ejerciendo el control sobre su gestión, y entonces tendrá que pasar al tablero y tratar de justificar lo injustificable.
No es necesario recalcar que el Plan de Ordenamiento Territorial es finamente la norma más importante de la planificación de cualquier territorio y que mientras esta no se defina en el caso de Santa Marta, la incertidumbre seguirá galopando sobre los intereses colectivos de nuestra comunidad.
Se hace necesario que no solo el sector de la construcción se pronuncie sobre este importante tema, sino que además lo acompañen otros sectores de la ciudad, ya que finalmente el efecto multiplicador de la construcción sobre las economías puede terminar afectando el desarrollo urbano, social y económico, así como la credibilidad y el desgaste de las instituciones.