(EFE).- Un grupo de mujeres mayas achí denunciaron este jueves a una jueza guatemalteca por supuesto "racismo" y "discriminación", durante el proceso de etapa intermedia del caso de violencia sexual contra las sobrevivientes indígenas, en el que fueron liberados los seis agresores exparamilitares.
Las mujeres exigieron al Ministerio Público investigar los "actos de discriminación y racismo" perpetrados por la jueza Domínguez, quien, según afirmaron este día las mujeres achí en la Fiscalía de Derechos Humanos -donde presentaron la denuncia- que Domínguez "nos trató de manera humillante e intimidadora".
Según las sobrevivientes civiles del conflicto armado guatemalteco, que entre 1960 y 1996 dejó más de 200.000 víctimas y 45.000 desaparecidos, Domínguez les preguntó si el Ministerio Público (Fiscalía) les pagó para declarar en contra de los militares.
Además, señalaron que los abogados de los sindicados utilizaron "argumentos sexistas y racistas" en su contra, y subrayaron que Domínguez "no creyó" en la palabra de las víctimas, algo que consideraron "lo más grave del caso".
En el sistema de justicia "prevalecen los estereotipos y los prejuicios sexistas y raciales en contra de las víctimas de violencia sexual, especialmente cuando se trata de mujeres indígenas", manifestaron las mujeres achí.
Advirtieron que los jueces suelen ser escépticos de sus palabras, de "culpar a las mujeres de los agravios vividos", además de que hay juzgadores que "dudan" de la moralidad de las mujeres y "exigen pruebas científicas como requisito indispensable para probar la violación".
Esta denuncia que presentaron ante la Fiscalía de Derechos Humanos también promueve "la motivación a otras mujeres indígenas a denunciar a los operadores de justicia que recurrentemente discriminan y revictimizan a las sobrevivientes de violencia sexual".
Las mujeres achí pidieron también al ombudsman del país, Jordán Rodas, a iniciar "una investigación por este caso (el señalado contra Domínguez) y lo instaron a emitir una "condena moral en contra de la jueza".
También, solicitaron a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a enviar comunicaciones al Estado guatemalteco para "garantizar el derecho de acceso a la justicia a las mujeres indígenas y la seguridad de las víctimas de violencia sexual".
Con los supuestos agresores libres, las mujeres achí aseguraron que temen por su seguridad.
EL 21 de junio pasado, la jueza Domínguez decretó el sobreseimiento contra tres de los exparamilitares señalados y clausuró provisionalmente el proceso contra los otros tres, todos sindicados de graves violaciones a los derechos humanos. EFE
