Liberales, conservadores y socialistas, entre otros opositores catalanes, pidieron a Quim Torra que dimita pero antes convoque elecciones regionales anticipadas, en el transcurso de un pleno especial del Parlamento autónomo.
Barcelona (EFE).- La región española de Cataluña vive una tensión creciente tras los graves disturbios de los tres últimos días en sus principales ciudades y las fricciones políticas sobre la violencia callejera y el amago del gobierno autónomo catalán de convocar un nuevo referéndum ilegal de "autodeterminación".
Barcelona vivió la peor jornada de violencia en las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo español que el lunes pasado condenó a nueve líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 de prisión por organizar una consulta de ese tipo el 1 de octubre de 2017, declarada inconstitucional.
La sentencia judicial originó una oleada de fuertes críticas de las autoridades catalanas y de los partidos independentistas, así como protestas callejeras multitudinarias que acaban en algaradas nocturnas, cada vez más violentas, a cargo de grupos radicales.
Hasta ahora fueron detenidas 97 personas por los incidentes, de los que cuatro están ya en prisión provisional por orden judicial, informó este jueves en rueda de prensa el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Además, 194 agentes resultaron heridos en las refriegas.
El ministro ha prometido que no habrá "impunidad" contra los violentos e insistió en que los autores de esos disturbios son personas vinculadas a movimientos que pretenden alterar el orden público bajo el pretexto de buscar fines políticos.
A los incidentes nocturnos se suman cortes de calles, carreteras y vías férreas todos los días; grupos extremistas bloquearon los accesos al aeropuerto de Barcelona el lunes pasado.
La capital de Cataluña es, con diferencia, donde los disturbios se suceden con más virulencia; por la noche, los radicales levantan decenas de barricadas con hogueras y atacan a las fuerzas de seguridad al término de las manifestaciones, con el resultado de grandes destrozos urbanos y decenas de detenidos y heridos cada jornada.
El presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, recibió duras críticas del Gobierno español y de partidos no independentistas por su ambigüedad y tardanza en condenar los episodios violentos y apoyar a la policía. Y también reproches de sectores secesionistas por la actuación policial.