Tegucigalpa, 24 may (EFE).- La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) presentó este viernes su duodécimo caso de corruptela en el país, denominado "Narcopolítica", en el que están implicadas doce personas, entre ellas el exalcalde de Tegucigalpa Miguel Pastor.
La investigación de la UFECIC-MP contó con la asistencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que depende de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA).
Entre los doce implicados en el caso también figura Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014).
"Esta acción conjunta demuestra una vez más el compromiso de la MACCIH-OEA para seguir impulsando la lucha anticorrupción a través de instituciones del Estado", dijo en rueda de prensa el vocero de la Misión, Luiz Guimarães Marrey.
La MACCIH cumple con su misión "en estricto cumplimiento" al convenio suscrito el 19 de enero de 2016 entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA, añadió.
Miguel Pastor se involucró en el caso cuando fue ministro de Obras Públicas y Transporte, durante el Gobierno de Porfirio Lobo.
La UFECIC-MP presentó ante el Circuito Anticorrupción el requerimiento fiscal contra las doce personas, acusadas de "formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron".
Guimarães Marrey explicó que el requerimiento fiscal es producto de una investigación hecha por el Equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal, compuesto por fiscales e investigadores de la UFECIC-MP, con apoyo técnico de los expertos de la MACCIH-OEA.
Los acusados son Fabio Lobo, Devís Leonel Rivera, Miguel Pastor, Walter Noé Maldonado, Deysi Marina Zúñiga y siete personas más, y enfrentarán juicio por los delitos de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno doméstico y cohecho activo, indicó Guimarães Marrey.
La investigación surgió a partir de la declaración de Devís Leonel Rivera, hecha ante un juez de EE.UU., donde enfrenta juicio por narcotráfico, en la que manifestó que en el 2009 entró en contacto con el candidato presidencial del Partido Nacional, Porfirio Lobo, a quien le dio dinero para su campaña electoral.
Además, según Rivera, Lobo le sugirió que "a cambio formaran empresas a las cuales, una vez ganada la elección para ocupar la Presidencia de la República, les pudieran dar contratos por parte del Estado".
Para ese fin, una vez logrado el propósito de llegar a la Presidencia, Porfirio Lobo nombra en Obras Públicas y Transporte a Miguel Pastor Mejía, y como director de Carreteras a Walter Noé Maldonado, quienes le otorgaron a la empresa INRIMAR, creada por Devís Leonel Rivera, 21 contratos por un monto de 68,3 millones de lempiras (2,7 millones de dólares), añade la denuncia.
Con esos fondos aparentemente se harían obras en los departamentos orientales de Olancho y Colón.
Pero resulta que los contratos se otorgaron sin que la empresa INRIMAR cumpliera con los requisitos que establece la ley para poder contratar con el Estado, a través del fraccionamiento de 16 contratos para evitar la licitación pública.
Los otros cinco contratos "fueron otorgados a través de decretos de emergencia firmados" por Porfirio Lobo en Consejo de Ministros, por la emergencia causada por la tormenta tropical Agatha.
Según la denuncia, en los decretos de emergencia en principio no se incluyó a Olancho, que era donde supuestamente se iban a desarrollar los contratos por parte de INRIMAR, básicamente porque esa región no había sufrido mayores daños provocados por la tormenta.
Olancho fue incluido después mediante una ampliación que se hizo a los decretos de emergencia.
Las obras asignadas en los contratos en su mayoría no se ejecutaron y parte del dinero asignado no se cobró sino años después, porque el propósito de la asignación de los contratos era "prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para poder lavar dinero proveniente del tráfico de drogas internacional" a través de ella.
La corrupción sigue salpicando a la Administración de Lobo: el 28 de febrero de 2018 capturaron a su esposa, Rosa Elena Bonilla, implicada y presa por otro escándalo, al que suma el de su hijo Fabio, preso en EE.UU. desde 2015 por narcotráfico, y el de un hermano mayor al que el gobernante habría favorecido cuando ejerció el poder. EFE