Si no les cumplen con lo firmado durante los Acuerdos de Paz de 1996, aseguró que van a "paralizar el país", ocupando carreteras o aeropuertos.
Guatemala (EFE).- Un grupo de militares retirados protestó en los alrededores del Congreso de Guatemala en demanda del pago de una indemnización de 80.000 quetzales (10.500 dólares) para cada uno, de lo contrario amenazaron con obstaculizar las elecciones de junio próximo.
Felipe Chaal, uno de los manifestantes, dijo que la lucha es para que les "paguen" y aseguró que llevan años "sufriendo, aguantando hambre y aguantando frío" porque el Gobierno los ha olvidado durante todos estos años.
Uno de los miembros de la Asociación de Veteranos de Guerra, Edwin López, dijo que el próximo lunes, según acordaron en el Congreso, se dará inicio a una mesa técnica para estudiar el resarcimiento a los militares retirados, para quienes piden más de 80.000 quetzales (10.500 dólares) para cada uno.
Si no cumplen con este pago, que según ellos fue firmado durante los Acuerdos de Paz de 1996, aseguró que van a "paralizar el país", ocupando carreteras o aeropuertos.
Otro de los participantes, que no se identificó, advirtió que si "no hay resarcimiento, no hay elecciones" el próximo 16 de junio.
El manifestante exigió la paga por haber "defendido el país" durante el conflicto armado interno (1960-1996).
"Ya no queremos más engaños. No queremos respuestas, queremos resultados", aseguró a las puertas del Órgano Legislativo.
Este hombre, que iba vestido con una camiseta azul, alentaba a sus compañeros bajo el grito de "seguimos en pie" y denunció que el país los ha "olvidado" a pesar de que defendieron "con valor, con dignidad y coraje nuestra querida Guatemala".
"Lo que nosotros estamos exigiendo son nuestros derechos", reiteró, y admitió que solicitan al Parlamento un resarcimiento de 1,7 millones de quetzales (unos 222.000 dólares).
En tanto, López anunció que también irán ante la Corte de Constitucionalidad para protestar contra la inscripción de la exfiscal Thelma Aldana como candidata a la Presidencia, porque "no la queremos en el país" por "muchas cosas", como la violación a derechos constitucionales e internacionales.