Expresidente de Perú Kuczynski dice que caso Odebrecht destruyó su reputación

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Lima, 15 abr (EFE).- El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) aseguró este lunes que los fiscales que lo investigan por presunto lavado de activos destruyeron su reputación y han puesto en peligro su salud al no permitirle viajar a Estados Unidos para un tratamiento médico.


Durante la audiencia judicial de apelación al arresto por diez en días en el que permanece desde el pasado miércoles, Kuczynski reiteró nuevamente su inocencia y la de su secretaria Gloria Kisic y su chófer José Luis Bernaola, quienes también están arrestados.

"No tengo cuenta bancaria. Mi tarjeta de crédito de afuera ha sido cortada por la mala publicidad que me han dado. Me han destruido mi reputación de 60 años de trabajo", afirmó Kuczynski.

"Me da vergüenza realmente haber sido presidente de un país donde llegamos a estos niveles. Realmente me hace llorar en mi corazón ver esto a mi edad", agregó el expresidente, de 80 años.

Kuczynski criticó que la argumentación de la Fiscalía para detenerlo sea una copia del informe de la comisión parlamentaria del caso Lava Jato que dirigió el opositor partido fujimorista Fuerza Popular, el mismo que le forzó a dimitir ante una amenaza de destitución por parte del Congreso.

El exmandatario peruano aseguró que no existe ningún peligro de fuga a pesar de que tiene un impedimento de salida del país desde que abandonó la jefatura del Estado.

Indicó que durante ese período pidió permiso para salir a Estados Unidos para acudir a una revisión rutinaria de una válvula artificial que le colocaron anteriormente en la clínica Mayo, de Minesota (Estados Unidos).

"Pedí el permiso y no me lo dieron. Al final se hizo el examen aquí, pero tendré que ir a la clínica Mayo en algún momento, porque sino seré un cadáver", añadió.

Kuczynski contó que actualmente está "sin fondos" porque sus cuentas han sido congeladas después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelara un pago a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) de 822.000 soles en impuestos en el último día de su mandato presidencial.

"Pagué mis impuestos como deberíamos hacer todos. La UIF lo puso como si fuese una transacción sospechosa. ¡Qué vergüenza que se acuse a alguien por pagar sus impuestos!", alegó Kuczynski.

"No hay nada oculto. Todo se ha declarado. Todo ha pasado por el banco. No se ha escondido nada. La Fiscalía ha tenido acceso a las cuentas bancarias", continuó.

Kuczynski alegó que "aquí no hay ningún lavado de activos ni conspiradores" y defendió a sus colaboradores como "gente honesta", por lo que pidió al tribunal que le devuelva la libertad a pesar de que la Fiscalía ha anunciado que pedirá su ingreso en prisión preventiva.

"Espero que me dejen en libertad. Si hay una citación mañana, yo espero venir desde mi casa como lo he hecho tantas veces. Estaremos presentes todas las veces que sean necesarias, pero siempre en altura. No voy a dejar que acusen a mis colaboradores de trabajo de crímenes como lavado de activos", concluyó.

Kuczynski es uno de los cuatro expresidentes peruanos imputados en el caso Odebrecht, constructora brasileña que pagó sobornos en una docena de países de Latinoamérica, y que en el caso de Perú estuvieron además acompañados de donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.

La investigación contra Kuczynski se centra en su labor como ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), también imputado por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht por la concesión de la carretera interoceánica del sur.

Los fiscales intentan averiguar si las consultorías que facturó a Odebrecht a través de su empresa Westfield Capital entre 2004 y 2007 fueron presuntamente pagos a cambio de contraprestaciones de la administración pública.

La revelación de estos vínculos con Odebrecht provocó en marzo de 2018 su salida del sillón presidencial ante la presión del fujimorismo, quien también denunció una presunta compra de votos de parlamentarios para intentar evitar su destitución. EFE

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