Ciudad De Mexico (AP) — Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 encabezaron el lunes una marcha en la Ciudad de México para exigir que sus hijos sean hallados y se haga justicia en una de las mayores violaciones a los derechos humanos ocurridas en la historia reciente del país.
“Nuestra lucha sigue todavía firme, todavía sigue en pie”, afirmó Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso, al inicio de la manifestación. “No es tan fácil dejar la familia (para marchar en todos lados) pero yo tengo la firmeza y la certeza que los chavos están vivos”.
Numerosas organizaciones civiles han llamado a unirse a la protesta y a solidarizarse con unas familias que, como dijo su portavoz —Felipe de la Cruz— han sufrido mucho en estos dos años tan complicados.
“Hay enfermedades, hay desgaste, hay tormento psicológico, día con día, dormir y despertar en la misma situación”, dijo de la Cruz.
La noche del 26 de septiembre de 2014 una seria de ataques coordinados en Iguala, en el estado de Guerrero, dejaron un total de 180 víctimas, incluidos los 43 estudiantes cuyo paradero aún se desconoce, otro que lleva dos años en coma y seis personas asesinadas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los estudiantes fueron atacados por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o inacción de otros cuerpos de seguridad, militares y autoridades.
La primera versión oficial -calificada por el ex fiscal general Jesús Murillo Karam de “verdad histórica”- aseguraba que los 43 jóvenes fueron quemados en un basurero y sus cenizas arrojadas a un río cercano, pero aunque se localizó e identificó un resto óseo de un estudiante la tesis fue rechazada por los expertos internacionales por falta de pruebas sólidas y por estar basada en testimonios de personas presuntamente torturadas. Recientes hallazgos de la propia fiscalía también cuestionaron alguno de sus puntos.
