La Paz, Bolivia (AP) — Evo Morales enfrenta la mayor crisis social en más de una década en el poder tras el asesinato de un viceministro a manos del poderoso sector de los mineros artesanales, que exigen asociarse con privados para hacer frente a la caída en los precios de los metales.
El mandatario boliviano calificó de “conspiración política” el secuestro y asesinato a golpes del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes ocurrido la víspera en la localidad de Panduro, 130 kilómetros al sur de La Paz, adonde el funcionario había acudido para intentar dialogar con los mineros tras tres días de cortes de carreteras que dejaron dos manifestantes muertos en choques con la policía.
“Esta es una conspiración política, no una reivindicación social”, dijo Morales en rueda de prensa. “Los opositores respaldan” la demanda de los mineros. “El fallecimiento del hermano viceministro es una actitud cobarde... fue secuestrado, torturado y asesinado”, agregó el mandatario.
Los miles de mineros movilizados producen principalmente zinc, estaño, plata, concentrados de plomo y oro en cooperativas que ellos mismos administran con precaria tecnología y reducido capital. Suman más de 100.000 en todo el país y son muy influyentes por su gran poder de movilización y generación de empleo.
Tras las declaraciones de Morales uno de los principales líderes de la oposición, el empresario Samuel Doria Medina, rechazó las insinuaciones y dijo que el gobierno debería buscar la paz. “Los precios de los minerales han bajado y los costos de producción incrementaron, ese el origen de la protesta”, dijo.
Por su parte el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), líder de la tercera fuerza política, sostuvo que “haría bien que Morales sea autocrítico y deje de lado falsas teorías de conspiración y de culpar a la derecha y a los medios de comunicación cuando el trasfondo de estas protestas es la crisis”.
Illanes fue secuestrado el jueves por la mañana en Panduro por mineros enardecidos tras la muerte de dos manifestantes el miércoles en choques con la policía. Según la autopsia el funcionario falleció por un traumatismo cerebral y torácico.
Era abogado y profesor universitario. Su cuerpo fue abandonado a un lado de la carretera y su automóvil incendiado. Su chofer pudo escapar de los manifestantes.
Los mineros artesanales, asociados en cooperativas que ellos mismos administran, exigen al gobierno que les permita asociarse con capitales privados, reclaman acceso a nuevos yacimientos, se oponen a la sindicalización de la actividad y piden subsidios en la electricidad para hacer frente a la crisis en el sector.
