La presidenta brasileña Dilma Rousseff, incurrió un “gran fraude fiscal”, afirmó ayer un funcionario de un organismo de auditoría del Estado en la primera audiencia de la fase final del proceso de destitución, que concluirá la semana próxima.
La mandataria, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando se instauró el juicio político, está acusada de emitir decretos que modificaron los presupuestos sin la venia del Congreso y de contratar créditos con la banca pública en favor del Gobierno.