Con 132 votos a favor, el legislativo tomó una decisión histórica. Se necesitaban dos terceras partes, al menos 105 votos, para que el proceso avanzara. Fiscales guatemaltecos no perdieron el tiempo a la hora de presionar sobre su investigación de corrupción contra el presidente del país, Otto Pérez Molina, y persuadieron a un juez para que ordenase el arraigo del mandatario solo horas después una histórica votación parlamentaria que le retiró la inmunidad para ser procesado penalmente.
La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, dijo que la prohibición para salir del país era una "medida precautoria" y apuntó que el presidente era sospechoso de delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y de caso especial de defraudación aduanera. Este es el mismo caso de corrupción que ya ha costado el cargo a su vicepresidenta y a varios miembros de su gobierno. Los siguientes pasos podrían incluir citar a Pérez Molina a declarar ante un juez o la posibilidad de que se solicite una orden de aprehensión.
Antes el martes, los 132 legisladores presentes en la cámara de 158 escaños, votaron de forma unánime la retirada de la inmunidad constitucional de Pérez Molina, superando con claridad la mayoría de dos tercios exigida por ley, en lo que se ha considerado un golpe sin precedentes contra la corrupción y la impunidad arraigadas en el país centroamericano.
"Guatemala está dando muestras de que nadie es superior de la ley y en consecuencia es un mensaje para todos los funcionarios públicos actuales y futuros de que nuestra actuación debe sujetarse a la Constitución", dijo Aldana en una conferencia de prensa el martes por la noche.
Pérez Molina, de 64 años, mantiene su inocencia y dijo que enfrentará la justicia.
"El presidente está consciente del nuevo escenario, que no era el más deseado pero era muy probable", dijo su portavoz, Jorge Ortega, a The Associated Press agregando que el mandatario será muy respetuoso y se someterá al estado de derecho.
La votación parlamentaria no retiró a Pérez Molina del cargo, aunque el experto en derecho constitucional Alejandro Balsells dijo que un juez podría despojarlo del puesto si se ordena su entrada en prisión y el caso avanza. Por el momento no se han presentado cargos en su contra.
