BOGOTA, Colombia (AP) —Colombia y Venezuela se encontraron en la OEA para defender sus puntos de vista sobre el porqué del cierre desde hace más de una semana de la frontera entre los dos países luego de que presuntos contrabandistas colombianos hirieron a tres militares de la guardia venezolana.
El primero en tomar la palabra fue el embajador colombiano ante la OEA, Andrés González, quien dijo que su país está indignado con el supuesto maltrato que Venezuela le da a más de un millar de sus compatriotas que viven en los municipios fronterizos.
Según González, es inaceptable que haya habido deportaciones por el hecho de ser ciudadanos colombianos y por no tener la documentación en regla. Por eso pidió el respeto al debido proceso: una notificación para los migrantes y el derecho a la defensa.
Desde el momento en que Maduro ordenó el cierre de la frontera, según cifras oficiales, 1.097 colombianos han sido deportados o expulsados de Venezuela.
La cifra pareciera ser mucho más alta si se tiene en cuenta que varios millares de colombianos habrían cruzado la frontera hacia su país o por temor o para evitarse problemas en Venezuela.
Luego el embajador Roy Cháderton defendió la polémica decisión de las deportaciones con un constante argumento: en Venezuela viven actualmente 5,5 millones de colombianos.
Al decir del diplomático, los recientes operativos de deportación no fueron dirigidos contra los colombianos de bien sino contra delincuentes. En la frontera colombo-venezolana, enfatizó, hay gente de bien, pero también criminales como narcos, paramilitares y sicarios. Hizo hincapié en que contrabandistas colombianos compran barato en los almacenes venezolanos productos de primera necesidad y se los llevan a su país para venderlos más caros.
Cháderton no dudó en afirmar que Venezuela supera las diferencias por la vía diplomática porque "nuestra diplomacia es de paz". Finalmente le pidió al presidente Juan Manuel Santos no caer en lo que llamó la "violencia verbal" del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien es un duro crítico tanto del gobierno de Bogotá como del de Caracas.
Colombia ha dicho que su objetivo es que el continente sepa lo que está pasando en la frontera. Maduro, en cambio, prácticamente ha desconocido a la OEA y ha propuesto a la Unasur como la instancia para resolver el incidente.
Maduro afirmó el lunes que desde Colombia se ha iniciado una campaña para asesinarlo que cuenta con el apoyo del gobierno colombiano.
El mandatario dijo a la televisora estatal, durante una visita desde Vietnam, que "tengo pruebas que voy a mostrar, de cómo desde Bogotá se está haciendo una campaña para matarme, (una campaña) de odio que no conocíamos nosotros" y sostuvo que el plan se está desarrollando con "la anuencia y la vista gorda del gobierno de Colombia".
No se conoció una respuesta inmediata de Bogotá a la afirmación de Maduro, que no exhibió las supuestas pruebas que dijo tener en su poder.
Las relaciones entre Caracas y Bogotá entraron en una crisis luego de que Maduro resolvió a partir del 20 de agosto el cierre de algunos pasos fronterizos en el estado suroccidental de Táchira a raíz del ataque que sufrieron tres militares y un conductor civil cuando realizaban actividades de combate al contrabando en ese estado.
Ambos gobiernos llamaron el 27 de agosto a consultas a sus respectivos embajadores.
El presidente Juan Manuel Santos dijo el lunes que en diplomacia la firmeza no quiere decir "gritar más... Todo lo contrario: uno puede combinar la firmeza... y al mismo tiempo usar los procedimientos de la diplomacia, que es como se deben arreglar los problemas entre naciones civilizadas".
