Desde el pasado miércoles el registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres, anunció el nuevo servicio que ofrece la Registraduría Nacional del Estado Civil, que permite consultar de manera gratuita a través de la página www.registraduria.gov.co el certificado de vigencia de su cédula de ciudadanía, cerca de 12.000 colombianos se han beneficiado con esta medida.
Con este certificado la Registraduría Nacional, luego de la verificación en las bases de datos del sistema de Identificación, informa a los ciudadanos sobre el estado de un documento de identidad (cédula) expedido por la entidad, el cual puede estar "vigente", o "cancelado por muerte", o con "pérdida de derechos políticos", dependiendo de las circunstancias de cada persona.
Los ciudadanos interesados en obtener el certificado de vigencia de su cédula pueden ingresar a la página Web www.registraduria.gov.co en la que encuentran el botón "Certificado Vigencia de la Cédula", ubicado en la parte superior derecha.
Allí, ingresando el número de su cédula, pueden solicitar el certificado totalmente gratis.
Una vez se genera el certificado el sistema adjudica un número de verificación el cual es utilizado para consultar si el certificado emitido corresponde efectivamente a una consulta realizada en la página web de la Registraduría Nacional.
El trámite a través de Internet es gratuito, pero si los ciudadanos deciden acudir a una Registraduría para conseguir el certificado este tendrá un costo de $3.250.
Hasta el miércoles este certificado se expedía únicamente en las sedes de la Registraduría, previa consignación de $3.250 en el Banco Popular o el Banco Agrario. En 2011 se expidieron más de 370.000 certificaciones.
Con esta decisión la Registraduría Nacional del Estado Civil inicia la aplicación del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012 expedido por el presidente de la Republica, doctor Juan Manuel Santos.
El decreto contempla normas generales como la eliminación del pasado judicial, el certificado de supervivencia, la huella digital según el caso, la denuncia penal por pérdida de documentos y los documentos autenticados no podrán ser ahora exigidos por las entidades del Estado.
Además las entidades que prestan función administrativa deberán adelantar las gestiones necesarias para viabilizar los pagos por medios electrónicos con cualquier medio de pago.