El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, César Riascos Noguera, pidió al vicepresidente Germán Vargas Lleras su mediación ante la problemática sobre el litoral costero, zona de playa y terrenos consolidados en la ciudad; específicamente dadas las diferencias de orden jurídico, que con ocasión a las acciones administrativas y judiciales viene adelantando la Dirección Marítima y Portuaria (Dimar), contra constructores, proyectistas y legítimos propietarios de predios en primera línea de playa con sus respectivas edificaciones, en esta capital.
Riascos Noguera expuso en su carta al doctor Vargas Lleras los argumentos de hecho y de derecho, sobre los cuales respetuosamente solicitó su concurso para una pronta definición de las discrepancias existentes, "en nuestra condición de representantes de los distintos sectores de la producción y, para el tema que nos ocupa particularmente de los constructores, queremos reiterarle la gran preocupación que nos asiste por los negativos efectos que sobre nuestra región impactan, los cuales vienen generando cuantiosos perjuicios económicos, sociales y de pérdida de confianza de los inversionistas, en razón a una nueva forma de interpretar y aplicar la normatividad vigente desde el año de 1984 para delimitar la zona de playa como bien de uso público y con relación a los terrenos consolidados, que de manera abiertamente arbitraria desconocen la propiedad privada y derechos adquiridos de particulares".
¿Qué ocurrió en el pasado?
La Dimar había venido utilizando los conceptos técnicos que elaboraba técnicamente el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas -Cioh-, específicamente en las zonas costeras de Cartagena y Santa Marta - municipios que de acuerdo con las políticas nacionales y distritales buscan incentivar el desarrollo turístico y hotelero como centro de competitividad y desarrollo de esos territorios -, para la definición de zonas de playa marítima los cuales, vale mencionar, sirvieron de insumo para la delimitación de estos bienes en los Planes de Ordenamiento Territorial y, además, generaron expectativas legítimas respecto de los derechos de propiedad y desarrollo de los bienes que no fueron identificados como zonas de playa.
Con base en la normativa contenida en los Planes de Ordenamiento Territorial, fueron concertados con la Dimar, varios particulares del sector de la construcción que han venido desarrollando proyectos constructivos destinados a prestar servicios turísticos y hoteleros en zonas de dominio privado contiguos a zonas de playa, sin que existiese impedimento legal alguno para la ejecución de tales proyectos.
¿Qué cambió?
Dados los avances tecnológicos la Dimar decidió elaborar un nuevo censo sobre las zonas de playa marítima existentes en el litoral Caribe Colombiano con base en vuelos que utilizan la tecnología conocida como "Lidar" a partir del cual identificó técnicamente "nuevas" zonas de playa en distritos como los de Cartagena y Santa Marta, variación que, vale mencionar, obedece además a un cambio en la interpretación del artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1985.
Dicho estudio trajo consigo una problemática de importantes proporciones dada la oposición de la Dimar a diversos proyectos constructivos desarrollados en zonas de Cartagena y Santa Marta que de antaño no habían sido consideradas cómo zonas de playa marítima, lo cual ha devenido en la iniciación de procesos administrativos sancionatorios y acciones populares en contra de constructores que desarrollaron su actividad con base en las definiciones contenidas en el Decreto 2324 de 1984 y en los Planes de Ordenamiento Territorial concertados con la Dimar que, por demás, han acarreado cuantiosas pérdidas al sector de la construcción.
La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, como centro integrador y dinamizador de iniciativas de desarrollo empresarial y regional, defendiendo los intereses de los distintos sectores de la producción, elevó la solicitud mencionada al vicepresidente Vargas Lleras confiando en su valioso concurso para mediar en dar una definición concertada y jurídicamente viable, que reconozca los derechos adquiridos, la legítima confianza, pero que por encima de cualquier interés particular, con el absoluto respeto en la aplicación de normas y acciones que garanticen la sostenibilidad ambiental y protección del litoral costero, que permita superar las diferencias jurídicas, el restablecimiento de la confianza inversionista y, de esta forma, reafirmando las condiciones de competitividad sobre este importante destino turístico y polo de desarrollo regional con alto impacto nacional e internacional, contribuyendo así a la superación de la pobreza y al crecimiento económico del país.