Luego de diez meses de trabajo en la infraestructura del que sería el nuevo teatro, el consorcio TSM realizó una solicitud formal en la que solicitan una prórroga de 150 para finalizar las labores de reconstrucción.
En una mesa de trabajo realizada en la capital del Magdalena, fueron expuestos los pormenores del proyecto de restauración y remodelación del Teatro Santa Marta, una obra que durante varios años estuvo paralizada, pero que fue retomada el 18 de febrero del 2019, bajo la promesa de entregar a la ciudadanía un espacio totalmente renovado y propicio para el desarrollo de la cultura.
Al día de hoy, diez meses después de haber reiniciados los trabajos, el lugar cuenta con un avance del 54 por ciento, siendo necesario alargar los términos para la fecha de entrega por cuestiones de cierre financiero y la demora de entrega de piezas para infraestructura por parte del proveedor.
Al encuentro, convocado por la Contraloría, asistió María Victoria Flórez, gerente de Infraestructura del Fondo Nacional de Turismo Fontur; Claudia Niño Izquierdo, secretaria general del Ministerio de Cultura; Luis Ignacio Diazgranados, coordinador de la Veeduría Ciudadana Especializada; Daniel Quintero Varón, veedor; Paula Quiñones Jaramillo, asesora del Viceministerio de Turismo; Juan Carlos Castro, gerente de la Controlaría General de la República seccional Magdalena, entre otros.
Primer plazo de entrega
Al retomar la obra en febrero pasado, quedó establecido un plazo inicial de 12 meses y trece días, es decir, en marzo del 2020 se estarían viendo los resultados, según lo manifestado por el consorcio Obra Teatro Santa Marta en un primero momento.
Sin embargo, actualmente la construcción presenta una serie de atrasos que obliga a la extensión del plazo estipulado a comienzo de año.
Según explica Catia Hernández, arquitecta del proyecto, este tiempo adicional está siendo solicitado debido a que la fabricación de piezas para la infraestructura está en manos de un proveedor que no ha logrado cumplir con los lapsos concretados.
“La extensión de tiempo debe ser aprobada porque existen unos tiempos que no dependen del consorcio ni de las entidades sino de las empresas que fabrican las cosas. Nosotros trabajamos en un espacio reducido con alto riesgo, no tenemos el espacio como se quisiera, pero la idea es lograrlo en el menor plazo posible”, explica Catia Hernández.
Además, todavía no hay un cierre financiero en torno a los 9 mil 700 millones de pesos faltantes para asegurar los elementos de iluminación, sonido y demás complementos de la parte escénica, dicho presupuesto debe ser aprobado por Fontur y los Ministerios de Cultura y Turismo, luego de estudiar cada uno de los soportes que lo justifican.
Interventoría
Según Moramay Quiñones, ingeniera civil y directora de Ingeobras SAS, empresa destinada a la Consultoría e Interventoría del teatro, los atrasos radican también en que la programación debe ser ejecutada, obligatoriamente, de manera lineal por la complejidad del espacio y del proyecto.
De igual forma, la limitación de espacios para circulación y para los equipos en fundidas de concreto, patio de trabajos, bodegas de almacenamiento, etc. reducen los rendimientos en la ejecución de las actividades. Así como la condición de altura en la construcción, que requiere la instalación permanente de andamios en toda el área que no permite el uso del espacio.
Compromisos
En aras de mantener seguimiento al proyecto, la Contraloría solicitó a Fontur la entrega del cronograma y presupuesto final de la obra a la Veeduría el 10 de enero. Igualmente a la Administración Distrital pidió la generación de un plan definitivo de reubicación vendedores ambulantes ubicados en las zonas contiguas al teatro, debido a que la ley concede 200 metros libres alrededor de este tipo de espacios por cuestiones de seguridad y emergencia.
También queda por el resolver el tema de parqueadero público, la apropiación de recursos para el sostenimiento del teatro, abrir concurso para seleccionar el operador del lugar y permisos para acueducto y alcantarillado.
“La extensión de tiempo debe ser aprobada porque existen unos tiempos que no dependen del consorcio ni de las entidades sino de las empresas que fabrican las cosas”, Catia Hernández.