Habitantes reclaman por invasión de predios de interés social

La manifestación fue llevada a cabo en el barrio 26 de Julio.

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La manifestación se llevó a cabo en la mañana del miércoles y contó con la asistencia de alrededor de 35 personas, quienes manifiestan ser dueñas de las casas invadidas ilegalmente.

En la mañana del miércoles 6 de noviembre, cerca de 90 personas llevaron a cabo una protesta pacífica con el objetivo de reclamar las viviendas de interés social que la Administración Municipal, en conjunto con el Gobierno Nacional, construyó para beneficiar a 210 familias de escasos recursos en El Retén.

En marzo, poco después de ser construidas, las casas fueron invadidas por personas que no figuraban en el listado de beneficiarios, convirtiéndose en un problema de mayor preocupación para quienes serían los dueños legales.

Al día de hoy, algunos de los predios siguen siendo ocupados, lo que motivó la manifestación de los propietarios en el barrio 26 de Julio, sitio en el que está ubicada la urbanización, solicitando una pronta expulsión para poder hacer uso de lo que les pertenece.

“En la manifestación hizo presencia el comandante del Cuerpo de Policía del municipio, quien colaboró bastante. De igual manera asistió el alcalde y se le pudo dar inicio al proceso de solución porque todavía no han sido entregadas todas las viviendas que están en poder de personas equivocadas”, manifestó Alberto Ortega, dueño de una de las viviendas. 

A raíz de esta situación, el alcalde Jhon Vargas Lara inició mediaciones con las partes con la intención de desalojar a quienes se encuentran ocupando los  predios, ofreciéndoles un plan de arriendos para que no queden a la deriva. Sin embargo, un grupo de ciudadanos se sigue rehusando a abandonar el lugar.

La solución propuesta por la Alcaldía de dar arriendo a los llamados ‘invasores’, es una respuesta temporal para lograr entregar las casas a quienes poseen los documentos de propiedad, según explica Alberto Ortega, con el fin de evitar la intervención de las fuerzas del Esmad, que sería el último recurso del mandatario.

El proceso de desalojo será llevado a cabo con la injerencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, aplicando diálogos y llevando a cabo un censo en aras de evitar instancias que involucren la fuerza de las autoridades.





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