El tradicional inmueble, que alberga a numerosos trabajadores de la Rama Judicial de Santa Marta, viene presentando una serie de irregularidades que afectan de manera directa la labor ejercida dentro de las instalaciones.
Por Adriana Cuao Guillen
Redacción EL INFORMADOR
Durante un tiempo prolongado, el edificio ‘Juan A. Benavides Macea’, ubicado en la calle 23 número 5-110 en pleno centro histórico de Santa Marta, ha mostrado un deterioro importante a nivel infraestructural que disminuye la calidad de las labores ejercidas por cada uno de los trabajadores dentro de este importante recinto.
Entre las problemáticas que enfrentan, la principal y más rechazada por quienes ahí trabajan, es la falta de baños para las necesidades básicas. Por alrededor de casi dos meses las puertas de los aseos del primer y cuarto piso han estadas cerradas para todos, debido a que no hay flujo de agua y esto hace imposible mantenerlos en buenas condiciones. El desagradable olor que emana de este espacio sellado hasta uno de los pasillos laterales, es el recordatorio diario de que ni visitantes ni operarios pueden acceder en caso de necesitarlo.
Problemas a la luz pública
Debido a que este era tema desconocido por muchos, uno de los directivos de las Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Asonal, tomó la decisión de hacer públicas las condiciones en las que se trabaja en, quizás, uno de los sitios más importantes del distrito, por ser el lugar en que se determina el destino legal de los diferentes actores de la sociedad.
La denuncia fue hecha por Gerardo Monroy, directivo y miembro activo de Asonal, quien declara que el gremio llevan varios meses enfrentando estas dificultades y a través de EL INFORMADOR espera encontrar la manera de llamar la atención de los entes necesarios y gestionar las soluciones necesarias.
Monroy manifestó que el edificio está cerca de padecer una emergencia sanitaria por la falta de agua, mismo causante de la situación de cierre de los baños, convirtiéndose en una dificultad enorme, sobre todo para las personas de la tercera edad que no tienen cómo acceder a este servicio básico.
“A eso se le suma la reducción del presupuesto de la Rama Judicial, hoy en 5 billones de pesos, que en vez de aumentarlo para cubrir la logística de trabajo, como la caja de archivo que se necesita, la papelería, infraestructura, entre otras cosas, el Gobierno quiere llevarlo a $2 billones. Ahora mismo estamos en el mes de octubre y no alcanza el dinero para el resto del año”, manifestó el directivo.
Casos de sabotaje
Asimismo, Monroy explica que los casos de saboteo siguen siendo un problema común en la jornada laboral, pues constantemente reciben llamadas anónimas que provocan la activación de alarmas, obligando a las personas a evacuar el lugar y perder media hora en el procedimiento.
De igual manera, expone que el edificio se ha convertido en un sitio inseguro, “estamos en riesgo de que cualquier persona lance una bomba o cualquier objeto corto punzante a través de las rejillas de la entrada y no tienen forma de darse cuenta porque no hay seguridad suficiente”, agregó haciendo referencia al sistema de enrejado en concreto que no parece ser lo suficientemente seguro como para salvaguardar la integridad física de quienes estén dentro del edificio.
No siendo suficiente con los temas ya mencionados, también sufren por la discontinuidad del servicio de ascensor y del fluido eléctrico. Teniendo en cuenta que, seguidamente, al sitio ingresan personas de edad avanzada, el elevador se vuelve una necesidad importante. Además, los días que funciona deben ser cuidadosos al extremo con su uso, porque a pesar de que dice tener soporte para diez personas, sólo pueden entrar cuatro para evitar que quede detenido en medio del recorrido.
A raíz de todas estas problemáticas, los miembros de la Asonal buscaron poder hablar con el director de Administración y con el comandante de la Policía Nacional con el único objetivo de obtener respuestas.
“Existe un ente llamado Administración Judicial del Magdalena, dirigida por Manuel Vives Noguera, con quien hemos mantenido reuniones con la intención de poner en su conocimiento la situación, sin embargo, todo vuelve al mismo inconveniente: la falta de presupuesto”, explicó Gerardo Monroy.
Por todo lo anterior, el funcionario reveló que el gremio está concretando una fecha para darle inicio a un paro indefinido en rechazo al recorte de presupuesto que el Gobierno Nacional pretende hacerle a la Rama Judicial y por la falta de intervención que tienen las instalaciones de trabajo.
El presupuesto para la Rama Judicial actualmente está establecido en 5 billones de pesos, sin embargo, el Gobierno Nacional busca reducirlo a $2 billones.
“Estamos en riesgo de que cualquier persona lance una bomba o cualquier objeto corto punzante a través de las rejillas de la entrada y no tienen forma de darse cuenta porque no hay seguridad suficiente"
