La sesión descentralizada contó con la asistencia de alcaldes de la subregión, entidades del sistema, Policía y entes del Ministerio Público, quienes escucharon las necesidades e inquietudes del territorio.
La reunión del Comité Departamental de Justicia Transicional contó con la asistencia de los siete alcaldes de la subregión sur, entidades regionales miembros del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, así como representantes del Ministerio Publico como la defensoría regional del Pueblo, la Procuraduría provincial, la Unidad para las Víctimas, la Policía del Magdalena, miembros del gabinete departamental como también, representantes de las víctimas, población indígena y la comunidad.
Durante el encuentro que fue presidido por Norma Vera Salazar, secretaria del Interior, con funciones delegatarias de Gobernadora, fueron expuestas diferentes situaciones que deben ser atendidas por esta instancia, con relación a temas de seguridad y al apoyo del gobierno nacional para la ejecución de recursos que permitan brindarle un bienestar a las víctimas en esta parte del país.
Vera Salazar, resaltó el compromiso del gobierno por cumplir con estas sesiones descentralizadas, para llevar la institucionalidad hasta el territorio y señaló, que se pondrá especial atención a algunos temas planteados especialmente por los alcaldes con relación a la seguridad en la zona sur del Departamento.
Así mismo, Luis Miguel Gómez jefe de la Oficina de Paz , Atención a Víctimas Derechos Humanos y Posconflicto, resaltó el compromiso de los alcaldes por cumplir esta cita que se convocó en el sur del Magdalena y que además el gobierno de Rosa Cotes está dispuesto a seguir acompañando a los mandatarios, para que ejecuten de la mejor manera los recursos y hacerle el seguimiento permanente a las gestiones ante el gobierno nacional con el fin de que las víctimas en esta parte del país, reciban la mejor atención y no vuelvan a ser revictimizadas.
Orlando Machado, alcalde del municipio de Pijiño del Carmen, calificó como positiva esta sesión descentralizada, porque le permite a las entidades del gobierno nacional con incidencia en la región , darse cuenta de las necesidades que padecen estos municipios por cuenta del atraso en la aprobación de recursos para la atención a las víctimas e hizo un llamado al Ministerio Público a través de la Defensoría del Pueblo para que se agilice la aprobación de los proyectos y así las victimas puedan ser reparadas como dicta el ordenamiento jurídico.
Uno de los temas tratados fue el atraso en la aprobación de recursos para la atención a las víctimas.