Las indemnizaciones administrativas entregadas en el Centro Regional de Santa Marta hacen parte de las medidas de reparación integral como una compensación económica por los hechos victimizantes sufridos y buscan ayudar en el fortalecimiento o reconstrucción de sus proyectos de vida.
230 familias víctimas del departamento ya cuentan con su indemnización administrativa la cual deberá ser distribuida por partes iguales entre los miembros del grupo familiar víctima del desplazamiento forzado incluidos en el Registro Único de Víctimas, salvo la parte de los menores de edad quien deberá efectuarse a través de la constitución de un encargo fiduciario. Una vez el destinatario de la indemnización cumpla la mayoría de edad, podrá disponer integralmente de su indemnización.
Carlos Alejandro Ortiz, director de la Unidad en el Magdalena, dijo que el monto del encargo fiduciario para cada persona es definido de acuerdo a la división que se hace de la indemnización administrativa entre los miembros del núcleo familiar.
“Por ejemplo si una víctima de homicidio tenía esposa le corresponde el 50 % a la misma, y el otro 50 % a los hijos, que, en el caso de haber menores de edad el valor correspondiente se deposita en un encargo fiduciario”, explicó Ortiz Ruiz
Reveló que para esta población víctima de la violencia se contempla la educación gratuita con el programa “educación superior como herramienta de paz”, donde 16 universidades públicas de todo el país han garantizado el derecho a la educación superior de las jóvenes víctimas del conflicto armado.
“Tenemos que ser conscientes que muchas oportunidades laborales se han perdido porque no tenemos personas cualificadas para ciertas funciones, por ejemplo: el Sena cuenta con cursos complementarios que van de 80 a 50 horas dependiendo de la formación que requieran, pero a la hora de hacer las microrrueda de empleabilidad hemos evidenciado que las víctimas no son competentes para las ofertas que se requieren, desaprovechando esa oportunidad”, continuó el director.
Por otra parte, Ortiz Ruiz aprovechó el espacio para recordarles a las víctimas que no deben pagar absolutamente nada a terceros por esa indemnización: “les recuerdo que el día de hoy están recibiendo su indemnización administrativa, de ahora en adelante ustedes podrán acceder a otras medidas como la simbólica y de garantías de no repetición, entre otras, pero desde hoy no recibirán más ayudas humanitarias e indemnizaciones administrativas. Así que los invito a no regalar su dinero, a invertirlo de la mejor forma posible y a no dejarse engañar por tramitadores, ese dinero es solo suyo, usted y su familia vivieron ese hecho victimizante, así que por favor no entreguen comisiones, dadivas, desembolsos o como quieran llamarlo a nadie, ni siquiera a funcionarios”, culminó Ortiz Ruiz.
Desarrollo de programas
Por otra parte, el proyecto “Capacidades laborales para el trabajo decente” a través de su programa de formación en competencias laborales “Educándonos para la paz”, abrió en marzo una convocatoria de formación para 116 jóvenes en Administración Hotelera y Técnico en Sistemas. Estas formaciones, que fueron hechas completamente gratuitas, estaban dirigidas a víctimas del conflicto armado en los municipios de Santa Marta y Ciénaga.
El día de ayer en el hotel Stelar SantaMar, presentaron ante un grupo de empresarios su segunda fase, ellos expusieron los perfiles y destreza de las víctimas participantes con el fin de que estos empresarios se vinculen en una afiliación formal laboral de los sobrevivientes capacitados.
Carlos Alejandro Ortiz, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Magdalena indicó que “para una Paz estable y duradera se requiere un trabajo en equipo entre Estado y empresarios de la región, por eso esta apuesta en un momento histórico busca que los agentes se vinculen a este proyecto. Estos jóvenes han desarrollado competencias laborales que les permitirán insertarse y permanecer en un mercado laboral especifico, así que se podrá generar iniciativas de emprendimiento en la economía formal, todo esto bajo unas condiciones de trabajo digno para nuestra población víctima”.
En estos programas de formación se vincularon 31 hombres y 85 mujeres en un rango de edad entre los 16 a los 37 años aproximadamente.
