En sentencia proferida el pasado 16 de diciembre, el Tribunal Superior de Antioquia, desde la Sala Especializada de Restitución de Tierras, ordenó la restitución y formalización de los 37 lotes que conformaron el centro poblado de Salaminita, ubicados en el costado norte y sur de la carretera que desde el municipio de Fundación conduce a Pivijay.
Esa tarde del 7 de junio del 1999, cuando Rosario tenía veinte años, se sentó en la terraza de su casa con su pequeño hijo Emmanuel para darle de comer. Antes de la primera cucharada, el ruido de carros y tiros al aire rompieron la tranquilidad de la comunidad.
Rosario corrió con el pequeño al interior de la casa y desde una ventana alcanzó a ver cómo un grupo conformado por más de 30 paramilitares irrumpieron en las calles del pueblo y obligaron a los habitantes a reunirse en la tienda para que presenciaran los asesinatos de Oscar Barrios, Carlos Cantillo y María del Rosario Hernández, quien era la inspectora de policía del corregimiento de Salaminita. Estas personas fueron amarradas, torturadas y asesinadas bajo la acusación de ser auspiciadores de la guerrilla.
Como consecuencia de estos hechos, los habitantes de Salaminita se desplazaron de forma masiva, abandonando el centro poblado del corregimiento. Dicha situación fue aprovechada por los paramilitares para llevarse todos los objetos de valor, postes de electrificación, el techo del colegio, la virgen de la iglesia y los muebles del puesto de salud.
Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias Esteban, miembro del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue quien ordenó, además, destruir las casas y demás estructuras del corregimiento con un buldócer, acabando con el patrimonio de más de 40 familias.
Desde el año 2013, cuando la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el Magdalena empezó la atención de este caso emblemático, la historia de Rosario y 36 familias más se llenó de esperanza en torno al retorno y recuperación de su tierra. Todo el proceso para la recepción de solicitudes, recolección de pruebas y testimonios, estuvo a cargo de la Dirección Territorial Magdalena, desde donde se tramitó toda la fase administrativa del proceso.
La demanda, que fue presentada por la Comisión Colombiana de Juristas, fue admitida por el Juez Segundo de Restitución de Tierras de Santa Marta, ordenando la suspensión de cualquier proceso comercial y jurídico que involucrara los predios objeto de reclamación.
En el fallo, el juez niega a los opositores del proceso, Adolfo Díaz Quintero, Vicente Rueda Acevedo y María Teresa Rueda, cualquier derecho de posesión sobre los predios solicitados en restitución, ya que se logró comprobar que después de los hechos del 7 de junio de 1999, los paramilitares continuaron cometiendo asesinatos a campesinos, generando así un clima propicio para materializar el despojo de tierras por parte de los terratenientes locales, a través de negocios privados sobre los predios que conformaban el centro poblado de Salaminita.
La URT Magdalena, la Comisión Colombiana de Juristas, el Consejo Noruego para Refugiados, el Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario y la Dirección Jurídica, nivel nacional, de la URT desarrollaron una estrategia jurídica que concluyó con la revisión de la Corte Constitucional y el fallo del Tribunal de Antioquia
Con esta sentencia, le serán restituidas, a 37 familias campesinas del centro del Magdalena, las tierras de donde fueron desplazados por el Bloque Pivijay de las AUC. Además, el juez ordena al Banco Agrario la construcción de nuevas viviendas y, a instituciones como la Unidad para las Víctimas, Sena, Agencia Nacional de Tierras, Alcaldía de Pivijay, Gobernación del Magdalena y Policía Nacional, entre otras, trabajar en la atención y protección de los retornados.
La estrategia de tierra arrasada, usada por los paramilitares en este caso, consiste en el ejercicio de la violencia que no solo aniquila a las personas, sino que destruye el entorno material y simbólico de las víctimas. De esta manera, el territorio se vuelve inhabitable por la propagación de las huellas de terror, lo que fuerza el éxodo de la población.
La Unidad de Restitución de Tierras califica como positiva la decisión del juzgado, por tratarse de un caso emblemático para el departamento del Magdalena, el cual fuera escenario de la violencia paramilitar en los años 90, así como del Bloque Caribe de las Farc y el frente Domingo Barrios el ELN.