Un año después de que un Juez de Control de Garantías de Aracataca ordenara, de forma inédita y sin antecedentes en el país, la suspensión del proceso de restitución de tierras de 16 familias del corregimiento de Salaminita, en el municipio de Pivijay, la Corte Constitucional decidió tutelar el derecho de las víctimas y ordenar la nulidad de la suspensión del proceso judicial en contra de los solicitantes.
El pasado 26 de octubre, la Corte Constitucional emitió fallo de acción de tutela en el cual reconoce el derecho de los solicitantes de Salaminita, que en etapa judicial han sido representadas por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Ante el Juez Segundo de Restitución de Tierras se había interpuesto una denuncia penal contra los 16 solicitantes por parte del opositor, por el presunto delito de fraude procesal, alegando que de esta forma se garantizaba la integralidad de la decisión judicial. Hecho que, desde hace un año, conllevó a la suspensión del proceso de restitución en perjuicio de las víctimas reclamantes.
El departamento del Magdalena, ha sido el epicentro del uso indebido de esta estrategia de judicialización de las víctimas, en casos como los que se han presentado en los municipios de Aracataca, Zona Bananera y Pivijay; y estos precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional representan un camino importante para la restitución.
