CGR destapa más irregularidades en contratación de la Alcaldía

Vista general de uno de los costados de la cancha multideportiva, construida en el Instituto Magdalena. En la imagen quedó registrado uno de las canchas multifuncionales, instaladas en este escenario deportivo, las características de este mobiliario no cumplen con las especificaciones técnicas del contrato de obra. Contraloría.

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La Contraloría General de la República evaluó la contratación estatal del Distrito de Santa Marta, en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual, correspondiente a las vigencias 2016, 2017 y 2018.

La Contraloría General de la República, CGR, evaluó la contratación estatal del Distrito de Santa Marta, al 100 por ciento en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual, correspondiente a las vigencias 2016, 2017 y 2018.

La investigación es por parte de la CGR, que obedece al control excepcional que inició desde el pasado 22 de marzo de 2019 y rinde un informe detallado sobre los hallazgos en los contratos de la Alcaldía de Santa Marta.

Algunos de estos contratos fueron: la terminación de los centros de salud, ampliación de la Infraestructura física de las Instituciones Educativas Distritales Rodrigo de Bastidas e Instituto Magdalena; también evaluó el suministro diario de desayunos y/o almuerzos a estudiantes beneficiados con el programa de Alimentación Escolar, PAE, en las IED; diseño y construcción de la infraestructura educativa para el IED Taganga y el diagnóstico, reparaciones y/o adecuaciones locativas en las instituciones educativas distritales de Santa Marta.

Debilidad en las labores de supervisión

El órgano de control evidenció debilidad en las labores de supervisión por parte del Distrito de Santa Marta, al no ejercer de manera rigurosa y eficiente las actividades de control y vigilancia de la ejecución de sus recursos, de conformidad con la normatividad vigente en el país. De esta manera, la CGR detectó el pago a los contratistas de obra no ejecutada, así como de trabajos de construcción de baja calidad, que a la fecha de las visitas realizadas, limitan su uso para la comunidad.

El PAE

Uno de los hallazgos que más llama la atención, es el posible detrimento patrimonial por $460.899.738 en el PAE, correspondiente a la vigencia 2018, luego de adelantar un control excepcional a varios contratos por solicitud del Congreso de la República.
Uno de los muros del cuarto de máquinas, construido para uso del Centro de Salud La Paz. En la imagen, quedó registrada la grieta longitudinal que presenta este elemento. Contraloría.
Uno de los muros del cuarto de máquinas, construido para uso del Centro de Salud La Paz. En la imagen, quedó registrada la grieta longitudinal que presenta este elemento. Contraloría.

Encarecimiento de las raciones

En la auditoría, la Contraloría detectó un incremento irregular del costo de las raciones alimentarias escolares porque se les agregó un presupuesto destinado a gastos de publicidad, el cual no sería permitido por las normas en Colombia y conllevaría a una posible falta disciplinaria.

Según el informe, en el contrato del PAE del año 2018 “se evidencia que para establecer el valor de cada uno de los complementos alimentarios se incluyó un ítem o componente que se describe como “publicidad visibilidad y socialización”, estimado en $107 para complemento almuerzo y $101 para complemento am, apartándose de lo reglado (…) respecto de la destinación de los recursos del programa de alimentación escolar”.

El equipo auditor de la Contraloría también expone en el informe que tras encontrar ese encarecimiento de las raciones procedió a revisar en qué se gastaron esos recursos de publicidad mediante un oficio, que recibió con fecha del 10 de septiembre de 2019 por parte del operador contratista Consorcio Proyecto Vital, y que evidencia “que las facturas que soportan los gastos (…) contienen conceptos que no se relacionan con el ítem cuestionado (…) porque se refieren a pagos de botellones de agua, escobas, traperos, cucharas, bolsas, uniformes para manipuladoras, vasos desechables, tapabocas, desinfectantes, agua para oficina administrativa, servicios de internet, utensilios de cocina, recargas de extintores, servicio de gas, compra de pipetas de gas, pago de almuerzos para personal administrativo, compra de abarrotes, mantenimiento a estufas, facturas de servicio a Electricaribe”.

“Con lo anterior se corrobora que el valor establecido en el ítem publicidad, visibilidad y socialización, que incrementó el valor de las raciones alimentarias (…) aparte de no estar contemplado en la normatividad legal y reglamentaria vigente para el PAE, se utilizaron para gastos contemplados en otros ítems del contrato, como administración, manipuladoras y materia prima”, agrega el informe.

Así las cosas, la Contraloría indica que el posible detrimento patrimonial por ese gasto irregular de publicidad hallado en la contratación 005 de 2018, que adelantó la Alcaldía de Santa Marta con el Consorcio Proyecto Vital, es de más de 460.000.000 en un proceso que costó en su totalidad más de 10.000 millones de pesos para el suministro alimentos a los estudiantes de colegios públicos.

Es preciso indicar que el contrato del PAE 2018 fue liquidado bilateralmente el 7 de abril de 2019 y sólo tuvo una ejecución del 90% porque no todas las raciones alimentarias fueron entregadas debido a que el servicio empezó a prestarse varias semanas después del inicio del calendario escolar, por lo tanto, sólo se suministraron y pagaron 2.497.995 de almuerzos y 1.916.973 de raciones del complemento alimentario.

Los centros de salud

Los puestos de salud recontratados en la administración de Rafael Martínez, y que venían del contrato previo que hizo la ESE en la administración de Carlos Caicedo, también fueron objeto de revisión exhaustiva por parte del ente de control.

Se invirtieron más de $5.800 millones en la terminación de los puestos de salud de La Candelaria, La Paz y Taganga, obra que fue suscrita el 23 de noviembre de 2016 con la Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta 2016, a quienes les hicieron una adición en el contrato superior a los mil millones de pesos, para un total de $6.890.797.214.

Los resultados llamaron la atención: ítems tan visibles como aires acondicionados o cámaras de video aparecen incompletos, así como las instalaciones técnicas de cableados para redes informáticas, entre otras presuntas irregularidades que detectó el ente de control.

Ausencia de aires acondicionados y cámaras de seguridad

En la IPC La Candelaria, por ejemplo, mientras que la Alcaldía reportaba la existencia de 11 aires acondicionados (sin entregar soporte fílmico que lo soportara), la Contraloría se dio cuenta de que solamente había 10 aires acondicionados.

Esta duda se repitió en los otros puestos de salud, donde aumentaba el número de aires acondicionados faltantes (3 desaparecidos en La Paz y 1 de gran capacidad en Taganga, también desaparecido).

El ente de control encontró estas irregularidades y otras como ausencia de la totalidad de las cámaras de vigilancia y tres instalaciones de datos, voz y video, cuyo valor unitario es de 16 millones de pesos.

El costo total del posible detrimento patrimonial identificado por la Contraloría en su informe fue de 92 millones 638 mil 234 pesos.

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