Con el objeto de establecer presuntas irregularidades contra el patrimonio público, durante los periodos de gobierno del exalcalde Carlos Caicedo y el burgomaestre electo Rafael Martínez, el ente aceptó la solicitud de control interpuesta por el representante Hernando Guido Ponce.
El contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, admitió la solicitud realizada por Hernando Guido Ponce, representante del Magdalena, quien forma parte de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara, de hacer control excepcional a varios contratos suscritos por la Alcaldía de Santa Marta durante los periodos de Carlos Caicedo y Rafael Martínez.
El ente aceptó la solicitud realizada el pasado 22 de mayo por el congresista, por lo que notificó que asignará un contralor delegado para el caso, con el objeto de establecer presuntas irregularidades contra el patrimonio público.
Por tal razón, la Contraloría realizará el control excepcional a los recursos destinados y proyectos ejecutados durante los últimos siete años.
Entre los proyectos y manejos sujetos a vigilancia y control excepcional están: las obras de acueducto y alcantarillado ejecutadas en los mandatos de los alcaldes antes mencionados, presuntas irregularidades en la administración de la Essmar y su posible falta de capacidad técnica, presunto carrusel de contratos de dicha empresa de servicios públicos, las obras emprendidas por el Sistema Estratégico de Transporte Público, la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira, los contratos interadministrativos con la Universidad Francisco José de Caldas, la construcción del Centro de Desarrollo Infantil y ludoteca de Bonda y Ciudad Equidad, y el Centro de Referenciación.
Por lo anterior, el contralor General comisionará a la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física y Comunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional y a la Contraloría Delegada para el Sector Social para que realicen el control excepcional y conozcan, tramiten y decidan las indagaciones preliminares derivadas del mismo.
Según el auto emitido por este órgano de control se estableció: “Por la gravedad de las posibles faltas contra el patrimonio público, solicita un equipo interdisciplinario, altamente especializado para su análisis”.
Asimismo, indicó: “se fundamenta la solicitud en la falta de garantías e idoneidad de la Contraloría Distrital para adelantar este tipo de investigaciones y la imposibilidad de asumir una tarea de auditoría de esa complejidad y magnitud. De igual forma indica que a pesar de las denuncias, no se ha producido una sola acción ejemplarizante. Adicional a ello, el cambio de contralor en forma inusual (2016-2019) y el posible conflicto de intereses del actual contralor, unido a la auditoría exprés de la Auditoría General de la República son material probatorio de ésta afirmación”.
Siendo así, comisionarán a la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física y Comunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional para la realización del control excepcional para que conozca, tramite y decida las indagaciones preliminares derivadas del presente control excepcional.
