El representante a la Cámara, Hernando Guido, presentó una proposición a la Comisión Cuarta que fue aprobada por unanimidad para que el órgano de control realice adelantar un proceso auditor de gestión.
El representante Hernando Guido presentó una proposición a la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, que fue aprobada por unanimidad, en la que solicita a la Contraloría General de la República ejercer control posterior en forma excepcional en la Alcaldía de Santa Marta para establecer presuntas irregularidades contra el patrimonio público por parte de los alcaldes Carlos Caicedo Omar y Rafael Martínez, durante los periodos 2012-2015 y 2016-2019.
Los temas priorizados del control excepcional solicitado
El congresista le plantea a la Contraloría General de la república realizar dicho contro, excepcional justificando lo siguiente: “La gravedad de las posibles faltas contra el patrimonio público teniendo en cuenta las cuantías y la complejidad de las materias que requieren equipos altamente especializados e interdisciplinarios para su análisis. La falta de garantías por parte de la Contraloría Distrital para adelantar ese tipo de investigaciones dado que a pesar de las denuncias permanentes de las fuerzas vivas de la ciudad, durante las dos últimas administraciones no se ha producido una acción ejemplarizante en los respectivos informes de auditoría realizados por dicha entidad distrital”.
Otros temas
Entre los temas priorizados, están los nueve acuerdos sancionados por el alcalde Rafael Martínez el pasado 28 de diciembre, con los cuales se dispuso de los recursos públicos del Distrito por un valor aproximado de $2 billones 232.987,4 millones.
Solicita un proceso auditor de gestión
Igualmente, solicita a la Contraloría realizar un proceso auditor de gestión y resultados a la ejecución de los programas y/o proyectos que se comprometieron a ejecutar los alcaldes Caicedo y Martínez con el fin de mejorar el abastecimiento de agua y la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y si se ocasionó un presunto detrimento patrimonial.
En la misma solicitud del congresista, afirma que la crisis del agua que vive la ciudad debe ser investigada, “pasaron dos administraciones y 7 años en los cuales se gastaron muchos recursos en obras inconclusas y que no son prioritarias como lo es el agua”.
Asimismo, indicó que “más de $200.000 millones se ejecutaron en contratos de prestación de servicios, de estudios de reestructuración como los que denunciamos en los medios, de estudios en seguridad para el señor León Valencia, en tarimas y shows, en las ludotecas inconclusas de Bonda y Santa Elena, la megabiblioteca también inconclusa, parque del agua encima de un acuífero de la ciudad, etc”
Por lo anterior, solicita a la Contraloría General adelantar un proceso auditor de gestión y resultados respecto de la ejecución del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público, Setp, por parte de los alcaldes Caicedo y Martínez para determinar si hubo un presunto detrimento patrimonial.
Por otra parte, Guida Ponce solicitó a la Contraloría adelantar un proceso auditor de gestión y resultados respecto de la ejecución de los proyectos referidos y resultado de lo anterior si se ocasionó un presunto detrimento patrimonial. “Las fuerzas vivas de la ciudad han denunciado obras inconclusas y derroche de recursos en varias contrataciones, tales como: Red de parques por más de $40.000 millones, dotación de los trabajadores por cerca de $840 millones, construcción Centro de Desarrollo Infantil, Ludotecas Bonda y Santa Elena por cerca de $7.000 millones, construcción del Centro de Vida para el Adulto Mayor por más de $5.000 millones, contrato de Promoción Plan 500 Años por cerca de $840 millones”.