El pasado 29 de agosto funcionarios de la SNR y representantes de la sociedad Cerro Blanco fueron citados a audiencia, diligencia que fue aplazada por falta de un juez.
En una búsqueda por saber la verdad sobre las 65 hectáreas ubicadas en una zona franca turística frente al mar, para el día de hoy la sociedad Cerro Blanco y la Super Intendencia de Notariado y Registro, SNR, están citados a audiencia a la 8:30 de la mañana en el edificio Galaxia.
Tras el fallo del Consejo de Estado a través de la sentencia del 11 de noviembre del 2009 y la ratificación del Supernotariado en el que le da la potestad al distrito de Santa Marta sobre estas tierras, la sociedad Cerro Blanco insiste que es el dueño.
“Nosotros vamos a anular la falsedad que funcionarios del Estado hicieron años atrás”, afirmó Ángel Carrillo, el representante legal de la sociedad Cerro Blanco e indicó que están haciendo una solicitud para suspender a través de una audiencia el poder dispositivo que tiene la Corporación Nacional de Turismo.
Con este nuevo intento, el denunciante espera que se ordene la nulidad de las actuaciones de la SNR, con el argumento que los documentos archivados en la carpeta del predio son falsos, es decir, obtenidos de forma fraudulenta.
Dicha diligencia había sido programada para el 29 de agosto en el edificio Galaxia, donde haría presencia funcionarios del SNR, la cual no pudo ser ejecutada en vista que no hubo un juez encargado, motivo por el cual fue aplazada para el 20 de septiembre.
El área en disputa está localizada en un corredor cobijado por una legislación especial como zona franca turística. Cualquier desarrollo de esta clase que se haga allí paga menos impuestos y tiene ventajas arancelarias.
En ese punto de la ciudad están los hoteles Irotama y Zuana; el aeropuerto Simón Bolívar; los barrios Cristo Rey, La Paz y Don Jaca, y un lote propiedad de Ecopetrol y los terrenos de Pozos Colorados.
La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) el mes pasado iba a ratificar durante una audiencia ante el juez de garantías que lleva el proceso penal, que las 65 hectáreas de Pozos Colorados, sobre las cuales la empresa Cerro Blanco S.A. pretende que se profiriera una medida de restablecimiento de derecho, pertenecen al Distrito de Santa Marta.
Lío jurídico
El lío jurídico, que tiene sus orígenes en los años 90, cuando el Concejo Distrital le quitó a la Nación estas tierras mediante la figura de extinción de dominio, es liderado por la familia Campo Diazgranados, la cual reclama su presunto derecho a la propiedad sobre un predio que, de acuerdo con las escrituras que reposan en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, es del Estado.
