El alcalde Rafael Alejandro Martínez se dirigió oficialmente a la señora Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín Cuellar, para pedirle directrices con base en las cuales se atienda el fenómeno social consiste en la llegada masiva de extranjeros a Santa Marta, especialmente venezolanos, en situación de ilegalidad.
En la misiva, el burgomaestre samario hace especial referencia a los niños y las niñas venezolanas en condición de irregularidad migratoria con presencia en la capital del Magdalena.
Sobre lo anterior, el mandatario precisa que algunos de esos menores de edad son hijos de connacionales que han decidido regresar a su país de origen, pero que no cuentan con documentación oficial colombiana, al tiempo que registró que hay otro importante grupo que se trata de infantes completamente venezolanos que hacen parte de familias que abandonan su territorio por la situación social y política que allí se presenta.
El jefe del gobierno samario comunicó a la señora Canciller que la Red de Atención en Salud Pública Distrital atendió a cerca de 400 personas en esas condiciones durante el año anterior, sin que hasta ahora se tenga en claro quién asumirá esos costos.
En el caso del sector educativo de la ciudad, explicó en la comunicación el alcalde Rafael Alejandro Martínez, pese a la vigencia de acuerdos y/o convenios internacionales que ofrecen garantías de respeto a los derechos de los niños y las niñas, varios de los rectores de los colegios públicos de la misma han recibido sanciones de parte de Migración Colombia por haber acogido a menores con status migratorio irregular.
En el oficio, el jefe de la administración citó acuerdos internacionales derivados de la pertenencia de Colombia al Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos, a pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otro aparte de la carta dirigida a la señora Ministra de Relaciones Exteriores, el máximo ejecutivo distrital señala que todo indica que situaciones como las que él relata deben ser valoradas por entidades nacionales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Migración Colombia, entre otras, a fin de que emanen directrices de atención en las ciudades donde se registre el fenómeno social comentado, circunstancia que asegura que en el caso de Santa Marta, al menos, hasta ahora no se da.
Rafael Alejandro Martìnez .
