El ex mandatario al conocer la decisión solicitó también que se inicien investigaciones disciplinarias en contra de la empresa Recaudos y Tributos - que por administrar dineros públicos y ser contratistas del Estado pueden responder disciplinariamente.
La Procuradora General de la Nación (Encargada) Martha Isabel Castañeda Cúrvelo, comisionó a un Procurador Distrital de Bogotá, quien abrió indagación preliminar en contra del ex alcalde Carlos Eduardo Caicedo, para atender la denuncia presentada por el Gerente y Representante Legal de la empresa Recaudos y Tributos S.A., Jacobo Noguera, porque el alcalde, terminó unilateralmente el contrato de gestión de impuestos por razones de ilegalidad.
La terminación de la cuestionada concesión de impuestos de propiedad de la empresa R y T, fue adoptada por la Administración Distrital liderada por Carlos Eduardo Caicedo, bajo los procedimientos fijados en la Ley 80 de 1993 y para cumplir con lo dispuesto en la Sentencia SU-774 de 2014, dictada por la Corte Constitucional, dentro del trámite de tutela que fue iniciado por el ex magistrado Rodrigo Escobar Gil - investigado por presuntos hechos de corrupción dentro del trámite de selección de una tutela y pariente del ex - contralor distrital Hugo Escobar- abogado contratado por Recaudos y Tributos y que inicialmente contó con la decisión favorable contenida en la sentencia T-1082 de 2012, con ponencia del Magistrado Jorge Pretelt Chaljub.
Como se recordará, Carlos Eduardo Caicedo, inició una intensa y dura batalla jurídica para terminar anticipadamente el contrato que le entregó la gestión de los impuestos a la firma R y T y que le representó a esa empresa ingresos superiores a los 60 mil millones de pesos y que de paso, le ahorró a la ciudad el pago de más de 140 mil millones de pesos, que ahora se destinan para el pago de becas a los jóvenes pobres de la ciudad que estudian en programas de educación superior.
La terminación del contrato, sólo se pudo hacer efectiva a principios del año 2015, por cuenta de la tutela interpuesta por Rodrigo Escobar y que fue fallada a favor de R y T, por una Sala de Revisión con ponencia del Magistrado Jorge Pretelt Chaljub. Por cuenta de esas demoras que le costaron al Distrito alrededor de 20 mil millones de pesos que tuvo que pagar a R y T, la entidad territorial, solicitó hacerse parte dentro de las diligencias penales que cursan en la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones, en donde se investigan presuntas conductas penales dentro del trámite de la tutela interpuesta por R y T en contra del Distrito de Santa Marta - Sentencia T-1082 de 2012 -.
El ex alcalde Carlos Eduardo Caicedo, manifiesta a la opinión pública luego de enterase de la decisión lo siguiente:
1.Nuestro verdadero compromiso es con la comunidad. Recibimos un mandato claro de la ciudadanía de defender lo público y eso fue lo que hicimos durante toda nuestra Administración. El caso del contrato de gestión de impuestos, nos puso en la necesidad de enfrentar los apetitosos intereses de un grupo español - Inassa-, que obtuvo durante casi doce (12) años cuantiosas ganancias por ejecutar actividades que no se pueden privatizar y por sólo imprimir facturas de impuestos percibieron grandes utilidades.
Tal vez por lo anterior, se contrataron los servicios del ex magistrado Rodrigo Escobar Gil, quien presentó tutela en contra de la ciudad y logró la suspensión en junio de 2012 del trámite de terminación del contrato y luego en diciembre de ese mismo año, con ponencia del Magistrado Jorge Pretelt Chlajub, inicialmente a través de la sentencia T-1082 de 2012, aseguró la continuación de ese contrato por los años 2013, 2014 y parte del 2015.
- No vamos a detenernos en continuar defendiendo lo público y los intereses de la ciudadanía. Como ciudadano colombiano, me sigue preocupando Santa Marta y por tanto, nuestra lucha continuará para evitar que los dineros públicos queden en manos de pocos habiendo tantas necesidades urgentes que atender.
3.Respeto profundamente a las autoridades públicas y en especial a la Procuraduría General de la Nación, y por ello, solicito también que se inicien investigaciones disciplinarias en contra de la empresa Recaudos y Tributos - que por administrar dineros públicos y ser contratistas del Estado pueden responder disciplinariamente-, pues existe una total ausencia de investigaciones en contra de esa empresa por hechos que estructuraron la terminación unilateral y anticipada del contrato de gestión de tributos.
- Estamos prestos a atender cualquier requerimiento dela Procuraduría General de la Nación para esclarecer los hechos denunciados por el Gerente de R y T y confiamos en que todo se aclare prontamente.
