Desde la expedición del decreto en el 2010 que declaró status quo el otorgamiento de licencias de construcción por ser parte de una reserva natural, muchos se preguntan por qué siguen levantándose edificaciones pese a la prohibición en el corregimiento.
Si las dos curadurías no han expedido licencias de construcción durante los últimos años para obras en el corregimiento de Taganga, siguiendo la normativa de la Alcaldía de Santa Marta que desde el 2010 decretó el status quo para que prohibía otorgarlas, hoy en día el auge de la construcción contradice totalmente a lo que la ley ordena.
Y es que la zona ha sido protegida por diversas normas que limitan la proliferación de inmuebles sin el lleno de los requisitos, uno de ellos la prohibición de edificaciones que consten de más de dos plantas.
El propio Plan de Ordenamiento Territorial, próximo a ser reformado, estableció los usos del suelo, las áreas de protección ambiental, creó y delimitó el Parque Dumbira, en la misma zona donde hoy se levantan suntuosas viviendas tipo veraniegas.
A esto se le suma el decreto 392 de 2010, mediante el cual el Alcalde de entonces, Juan Pablo Díaz Granados, en cumplimiento de un fallo de acción popular, decretó el statu quo de las nuevas construcciones que se desarrollaren en el corregimiento de Taganga y la Resolución de agosto 14 de 2006, que ordenó la restitución de un bien de uso público a la Asociación de Pescadores de Taganga como consecuencia de la construcción de un kiosco en la playa.
A pesar de todo este marco legal y de los impedimentos de las curadurías, nada de eso se cumple, como si la cultura de la ilegalidad imperara ante los ojos pasivos de quienes tienen la responsabilidad de corregirlo.
Fuentes consultadas por EL INFORMADOR confirmaron que la Curaduría No 1, que desde la semana anterior tiene en cabeza provisional al arquitecto Jorge Tamayo, en reemplazo de Dennis Valverde, a quien le aceptaron la renuncia el pasado 30 de diciembre, no ha venido expidiendo licencias para el sector de Taganga, al igual que la Curaduría No. 2, dirigida por Mónica Villalobos, nombrada por concurso de méritos.
En meses anteriores esta problemática ha sido tocada en reuniones entre las entidades mencionadas y la Secretaría de Planeación Distrital y poco o nada se ha venido avanzando ya que ninguna medida ha surtido efecto para frenar el avance de obras.
Otra de las dudas que asaltan a los especialistas en el tema es conocer qué papel ha cumplido la Inspección de Policía del corregimiento, la cual tienen como función velar por el buen uso del espacio público. Lo mismo se preguntan sobre el desempeño de las asociaciones comunales y las veedurías del sector que no se han pronunciado recientemente sobre el tema.
Las cosas tienen un más complicado panorama a la hora de saber cómo se abastecerán de agua las edificaciones que se erigen sobre los cerros aledaños al balneario, ya que una de las falencias precisamente que tiene Taganga es la presión con que se suministra el agua en zonas altas, como la conocida cota 40.
"La impresión que se tiene acerca de todo esto es que se hace en el marco de la ilegalidad", manifestó un experto en el tema quien por motivos de seguridad no se identifica. Se estima que la mayoría de estas edificaciones pertenecen a personas provenientes de otras regiones de Colombia.
En anteriores ocasiones se ha mencionado que las tierras con mejor vista al mar ni siquiera son de propiedad de los tagangueros; miembros de esa comunidad han manifestado que aparecen abogados u otro tipo de intermediarios, procedentes por lo general de Bogotá, con documentos en mano que certifican que los predios pertenecen a personas que nunca han tenido contacto con algunos de sus habitantes.
Por Mario Ibarra Monroy
Redacción EL INFORMADOR
Fotos Edgar Fuentes Acosta