De ratificarse la decisión del juez en dictarle casa por cárcel al alcalde Rafael Martínez, como medida mientras es enjuiciado por presuntas irregularidades en las obras de seis puestos de salud, el futuro político de la ciudad es incierto.
Sin saberse aún el fallo definitivo del juez que lleva el caso del retraso de las obras de los puestos de salud, la administración de la ciudad se encuentra en vilo por las posibles repercusiones de darse una eventual suspensión de las funciones como Alcalde de Rafael Martínez, mientras se le siga un juicio para determinar si tuvo responsabilidad en el caso.
Antes de la última audiencia, la número nueve, en el proceso por la presunta manera irregular en la construcción de cinco puestos de salud en Santa Marta: Mamatoco, La Paz, Candelaria, Taganga y Bastidas, a cargo del Juez octavo penal municipal con función de garantías, la medida de aseguramiento en contra de Rafael Martínez dictada el pasado viernes 15 de marzo está en veremos debido a que la parte defensora no ha entregado todos los alegatos para demostrar la inocencia del mandatario local. Pero mientras se define esto, son varias las hipótesis que surgen en cuanto al futuro político de la ciudad, en caso de concretarse la detención domiciliaria anunciada en principio por el juez.
A finales del 2014 fue derribado el IPC de María Eugenia para darle paso a la construccion del centro de salud La Candelaria, que hasta la fecha no ha puesto en funcionamiento.Actualmente, los habitantes continúan recibiendo los servicios de salud en una casa alquilada en la calle 37 con carrera 16.
La interinidad en el cargo
Antes de la audiencia del pasado viernes, la penúltima realizada fallidamente el 22 de febrero, la Fiscalía había anunciado que no dejarán pasar otra postergación. En efecto la medida pareciera haber surtido efecto, con el anuncio del juez Alex Vila Farelo de dictar medida de aseguramiento a Rafael Alejandro Martínez. Pero días antes de este embrollo, el Concejo Distrital decidió autorizarle a Martínez dos visitas al exterior, la primera hacia la ciudad de Rosario, Argentina, donde postuló la ciudad para los V Juegos Sudamericanos de Playa en 2023.
El segundo fue para Israel, como parte de una misión para observar la captación de agua potable a la población a través de plantas desalinizadoras.
El periplo fue programado entre los días 11 y 19 de marzo. Aunque la ley no obligaba al Alcalde a estar presente en la audiencia, la suspicacia puesta en algunos sectores de la opinión sobre su salid del país como medio de prevención ante una eventual detención, fue comentada en corrillos y redes sociales.
Antes de partir Martínez designo como secretario con funciones de alcalde a Aura Carolina García Amaranto, actual secretaria de Desarrollo Económico, tal designación fue por decreto pero solo llegó hasta el pasado jueves 14 de marzo. Al día siguiente apareció designado el jefe de la oficina Jurídica, Adolfo Torné, quien deberá estar hasta martes 19.
¿Cómo puede haber dos nombramientos de alcaldes momentáneos ante la ausencia del titular?
La búsqueda de reemplazo
En caso tal que el juez se reafirme en su postura de dictarle detención domiciliaria a Martínez como medida de aseguramiento, el secretario de Gobierno Distrital es quien debe asumir como alcalde en ejercicio de Santa Marta mientras procede el proceso en juicio por presunta contratación irregular, donde también están investigados el exalcalde Carlos Caicedo, un exgerente de la ESE y dos contratistas de las obras.
La terna
De acuerdo a la ley 136 de 1994 sobre el funcionamiento de los municipios, corresponde al presidente designar un alcalde encargado de terna enviada por el partido y movimiento político que avaló la candidatura.
En el caso de Rafael Martínez, el movimiento Fuerza Ciudadana, a través de un comité promotor de firma, avaló su candidatura, alcanzando unas 110 mil rúbricas.
Dicho comité, conformado por un grupo significativo de ciudadanos le corresponde, siendo o no en la actualidad parte de Fuerza Ciudadana, enviar los nombres de los posibles reemplazantes de Rafael Martínez. Uno de esos miembros es la exesposa de Carlos Caicedo, Elisa Villarroel, quien impulsó la iniciativa de recolección de firmas.
Duque tiene la decisión
Queda a potestad del Presidente de la República el tener que escoger de la terna, de lo contrario podrá designar a quien bien le parezca, exponiendo razones amparadas en la ley.
El caso de los puestos de salud
A mediados de 2017, el Ministerio de Salud informó que los puestos de salud de Santa Marta fueron demolidos sin la autorización o viabilidad de dicha entidad nacional, documento que apenas se expidió a principios de este año, es decir, 36 meses después.
El contrato de los puestos de salud en 2014 fue por 6.537 millones de pesos y se adjudicó por medio de una convocatoria pública a la empresa Mediredes SAS, las obras debían finalizar en julio de 2015, pero más de tres años después todavía cuatro de los centros no están terminados.
Ese contrato fue liquidado en medio de una gran presión de la ciudadanía samaria que reclamaba la culminación de las obras y sanciones por los incumplimientos del contratista, sin embargo, una vez fue elegido Rafael Martínez como alcalde suscribió un nuevo contrato por medio de licitación pública, esta vez con recursos del Distrito, por 6.079 millones de pesos para terminar los centros de Taganga, La Paz y el IPC Candelaria en María Eugenia, el de Mamatoco quedó por fuera porque no alcanzaban los recursos. El nuevo contrato se lo ganó la misma empresa a la que le fue adjudicada la primera licitación durante el gobierno de Caicedo, pero maquillada con otra razón social y bajo la figura de una unión temporal.
En el 2015 fue la demolición del anterior puesto de salud de Taganga, con una inversión de 1.075 millones de pesos, cuya entrega se había programado en cuatro meses, tiempo que se extendió por procesos legales y jurídicos con la Fiscalía y la veeduría de Taganga que hoy involucran a los dos últimos alcaldes de la ciudad: Carlos Caicedo y Rafael Martínez. Hace casi siete meses, Martínez durante la entrega de la estructura a los habitantes de este corregimiento, manifestó que en los próximos días entraría al servicio de las personas este nuevo centro asistencial, debido a que necesita algunas certificaciones de Electricaribe, sin embargo, hasta la fecha no ha abierto las puertas para el servicio de la comunidad.