Cinco municipios de Magdalena con mayor riesgo de Trashumancia electoral

Política
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Según el portal web  datoselectorales.org los municipios de Remolino, Salamina, Cerro de San Antonio, Concordia y Pedraza, aparecen como los que pueden correr el riesgo de padecer este delito electoral.

Por Mario Ibarra Monroy
Redacción EL INFORMADOR

Cinco municipios de Magdalena, todos ellos ribereños, son los que aparecen como los que corren mayor riesgo de sufrir trashumancia electoral uno de los delitos más comunes en épocas de elecciones populares.

Remolino, Salamina, Cerro de San Antonio, Concordia y Pedraza, aparecen en una estadística realizada por la Misión de Observación Electoral a través de su portal datoselectorales.org, medio virtual apoyado por la Usaid y el gobierno de Suecia.

Según la información dentro de los factores de riesgo en esta temporada de votaciones, el riesgo indicativo por trashumancia electoral, estos entes territoriales se encuentran ubicados dentro del grupo que tiene un nivel atípico entre el censo poblacional y el censo electoral.

La estadística categoriza con 3, 2 y 1, los niveles con riesgos menores y con -3,-2,-1, los de mayor. En el caso de Magdalena el municipio de Remolino mantiene un nivel de 1 (nivel de riesgo medio), mientras que Cerro, Salamina, Pedraza y Concordia, tienen un nivel 2 (medio bajo).

Cabe destacar que este estudio basado en las comparaciones de los últimos censos electorales con respecto al censo poblacional, actualizado a 2018, los que encabezan el nivel -1 con mayor riesgo de trashumancia electoral, son el municipio de Soledad, en Atlántico y en La Guajira, Riohacha, Manure y Urimita.


¿Qué es la trashumancia?

El delito de trashumancia electoral está tipificado como una conducta punible por el artículo 389 del Código Penal, con pena de 4 a 9 años de prisión, y el falso testimonio es sancionado por el artículo 442 del citado código con pena de prisión de 6 a 12 años.

La trashumancia electoral es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquél en el que se reside y constituye un delito contemplado en el Código Penal Colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas.



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