La Corte Constitucional aseguró que las entidades estatales deben estudiar con lupa cada uno de los casos de líderes sociales que necesiten esquema de seguridad para salvaguardar su vida.
La determinación la tomó el alto tribunal tras el estudio de una acción de tutela que interpuso José Luis, un desmovilizado de los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno Nacional y la Corriente de Renovación Socialista.
Tras su desmovilización el hombre se desempeña como líder social y gestor de paz en el municipio de Tierralta, Córdoba.
Por su labor, el hombre se convirtió en blanco de amenazas que recibió tras su desmovilización, por lo que fue necesario que se radicara en Bogotá para salvaguardar su vida y la de su familia. Sin embargo, en 2012 regresó a su tierra natal, con un esquema de seguridad que fue aportado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según José Luis, pese a que contaba con un esquema de seguridad, en diciembre de 2015 nuevamente recibió amenazas vía telefónica y a través de redes sociales, hechos que días más tarde fueron denunciados ante la Fiscalía General.
Si bien, los entes estaban alertados de las amenazas en contra del líder social, en junio de 2016, la UNP analizó nuevamente la situación de seguridad y este arrojó como resultado “un riesgo ordinario”, razón por la cual la UNP ordenó retirar gradualmente el esquema.
Tras esto, José Luis interpuso una acción legal, en 2017 el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Sala Disciplinaria, declaró improcedente la acción de tutela. Inconforme con la decisión apeló y pasó a segunda instancia en donde verificaron una a una las pruebas aportadas.
En este caso, el proceso llegó al alto tribunal y consideró que “los jueces constitucionales no pueden ser indiferentes ante la realidad de riesgo que atraviesan los líderes sociales en todo el territorio nacional, e imponer una carga desproporcionada a este grupo de personas, teniendo en cuenta el riesgo al que están expuestas sus vidas”.
En el caso concreto, la corporación advirtió que “la decisión de desmontar gradualmente las medidas de protección al actor, no se compadece con la situación actual de riesgo que viven los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país y que esta determinación le afecta directamente su derecho a la vida, la integridad y la libertad”.
La Sala fue enfática en considerar que las instituciones deben tener en cuenta las amenazas y ataques que ha sufrido esa población del país que buscar defender los derechos humanos.
