La bancada del partido Cambio Radical radicó este martes ante la secretaria del Senado de la República un proyecto de ley que busca realizar una reforma tributaria, anticipándose a la que probablemente presentará el gobierno del presidente de la República, Iván Duque.
De acuerdo con la propuesta, lo que se busca es garantizar la estabilidad normativa, el respeto por los derechos de los contribuyentes, y estimular la inversión, el ahorro y el crecimiento económico del país.
“Lo que se persigue es una mejor distribución de la carga, reduciéndola sustancialmente para quienes tradicionalmente han sostenido al Estado y que hoy se someten a cargas confiscatorias y aumentándola para quienes tradicionalmente han evadido o eludido sus obligaciones tributarias. Todo esto dentro de un entorno de crecimiento económico de tasas superiores al 5 % anual, que genere una mayor recaudación adicional”, señala el proyecto de ley.
El senador Richard Aguilar, vocero de la bancada del partido, aseguró que estas medidas están diseñadas para que en el mediano plazo el Gobierno no reduzca sus ingresos por debajo del 17 % del PIB.
“El país no puede postergar más la redefinición de su sistema impositivo, hasta obtener una tasa de tributación de los negocios cercana al 30% que haga competitivos a los empresarios colombianos, al tiempo que reduzca la evasión y el contrabando que genera competencia desleal y castiga severamente a los contribuyentes que desarrollan actividades formales y generan empleo formal”, aseguró Aguilar.
El proyecto contempla realizar un control a la evasión y el contrabando mediante un programa de fiscalización de 1 millón de actuaciones administrativas anuales para los años 2019 a 2022 sobre los sectores que tradicionalmente han estado al margen de la tributación.
Asimismo, fija en el 30 % la tarifa del impuesto sobre la renta para las sociedades y establece una tarifa del 10 % de impuesto, durante los próximos 30 años, para las rentas agropecuarias, hoteleras y turísticas.
"Se establece la deducibilidad del 100 % de los tributos que afectan la actividad económica de los contribuyentes, al igual que todos los costos y gastos relacionados con la misma y se elimina el gravamen a los dividendos y participaciones de sociedades", señala el proyecto.
Otro de los aspectos importantes que contempla es la eliminación hacia el futuro de las exenciones, beneficios y tratamientos preferenciales, distintos de los aplicables a las rentas de trabajo. Así como la eliminación de la renta presuntiva para que los contribuyentes que no generan rentas no tengan que liquidar y pagar un impuesto por el hecho de poseer algún patrimonio.
La propuesta también establece que el Impuesto de Industria y Comercio que paguen los contribuyentes se tratará como un descuento tributario en el impuesto sobre la renta y se contempla la eliminación de otros descuentos tributarios que sean distintos de los impuestos pagados en el exterior, donaciones, IVA de bienes de capital para quienes no pueden descontarlo en el IVA, y el ICA.
Frente al gavamen a los movimientos financieros la iniciativa contempla que el 4 por mil se convierte en una retención en la fuente del 100 % que es recuperable en el impuesto sobre la renta.
En cuanto a los procedimientos tributarios el proyecto propone que se separen de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) las funciones de fallar los recursos de los contribuyentes y emitir conceptos e interpretaciones legales, las cuales se radican en oficinas que dependerán del Viceministerio Técnico del Ministerio de Hacienda.
"La Oficina de Defensoría del Contribuyente se adscribe al despacho del Viceministerio Técnico del Ministerio de Hacienda dándole el mandato de participar en todas las actuaciones de la DIAN, velando por los derechos de los contribuyentes", reseña el proyecto.
En materia sancionatoria la propuesta le otorga la facultad para que la DIAN evalúe el monto de las sanciones en función de la gravedad de la falta cometida y del perjuicio causado el Estado. Además, establece la devolución de los saldos a favor de los contribuyentes en un plazo no mayor a 6 meses desde la fecha de la presentación de la declaración tributaria.