La iniciativa, que busca reducir el salario de los congresista, obligarlos a que rindan cuentas o limitar el número de periodos que pueden ocupar un curul, entre otros, se vio demorada porque 13 senadores se declararon impedidos y la plenaria debió resolver el asunto, sin embargo, sigue con vida.
Luego de la recolección de más de cuatro millones de firmas, y la dilación de la revisión de las cuentas de campaña en el Consejo Nacional Electoral (CNE), le quedaba un último paso a la consulta, que dependía, de la voluntad política de los senadores, quienes tendrían en sus manos la suerte de una de las iniciativas más sonadas del Congreso 2014-2018.
En la plenaria del Senado, la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, y una de las promotoras de la consulta, defendió ante la plenaria del Senado la intención de hacer modificaciones en la normativa del Estado para evitar la corrupción, como la reducción del salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos, o la limitación de permanencia en las corporaciones de elección popular por máximo tres períodos.
Pero también otras más estructurales como la obligación de los congresistas de rendir cuentas, la eliminación del beneficio de casa por cárcel a quienes resulten condenados por corrupción, la participación obligatoria de la ciudadanía en las audiencias para asignación de recursos y la utilización de pliegos “tipo” para evitar al máximo la contratación a dedo.
El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, anunció su apoyo a la consulta, no solo para destacar los intentos que se han hecho desde el Ejecutivo para luchar contra ese flagelo, sino en aras del respeto de lo que consideró como uno de los logros más importantes de la Constitución de 1991: el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. “Si el Senado aprueba la consulta anticorrupción, el Gobierno Nacional garantizará su realización”, dijo Guillermo Rivera, ministro del Interior.
La consulta costaría 300 mil millones
En medio de la expectativa que hay por el estudio que hará la plenaria del Senado para definir si avala o no la consulta anticorrupción, se conoció el costo que esta tendría para su convocatoria a las urnas.
El exregistrador para lo electoral Alfonso Portela aseguró que para convocar a las urnas para este mecanismo de participación es necesaria toda la logística como si fueran unas elecciones nacionales.
“Por tratarse de una elección de orden nacional esa consulta tendría un costo aproximado a los $300 mil millones. Ese es el costo de una votación de esa magnitud”.
Así mismo explicó que no es cierto que la consulta se pueda hacer el mismo día de las elecciones presidenciales.
“Eso no es cierto y en la Constitución está claro que no se pueden hacer consultas en el mismo día de las elecciones ordinarias”.
Si el Senado avala esta consulta, el presidente Santos tendrá tres meses para definir la fecha en que los colombianos acudirían a responder las preguntas formuladas.
