La actualidad en el proceso

Foto Edgar Fuentes Acosta.

Zona Crítica
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Desde 2011 poco o nada se ha venido avanzando en los estrados judiciales para definir la titularidad de las 65 hectáreas que reclama posesiones particulares y que la Nación cedería al Distrito en los próximos días. Los recientes acontecimientos relacionados con el caso reabrieron un proceso dormido en el tiempo.
Las trabas en los proyectos de la Nación y el Distrito, han ocasionado un retraso significativo en el desarrollo inmobiliario de la ciudad, hasta el punto de haber perdido el privilegio de Zona Franca Turística a causa del embrollo.

Pozos ‘congelados’

Colombia fue el primero en poner los ojos en el último reducto sin urbanizar de una extensa zona turística de Santa Marta, luego de tener la posesión de la explotación minera en Pozos Colorados.Colombia fue el primero en poner los ojos en el último reducto sin urbanizar de una extensa zona turística de Santa Marta, luego de tener la posesión de la explotación minera en Pozos Colorados.

Aunque hasta ahora no se ha definido la situación sobre la verdadera titularidad de estos terrenos, los gobiernos pasados  terminaron adueñándose  del vasto territorio costero de la ciudad para convertirlos en un polo turístico.Desde que se estableció en la Colonia la explotación salina, por ley, los yacimientos de sales marinas podían ser usufructuados de forma oficial, reconociendo que las tierras donde se encontraran tuvieran propietario. 

Abogados consultados por EL INFORMADOR, consideran aún que  la familia Díazgranados reclamante en el pleito,  no ha podido probar el hecho de que las tierras eran baldías desde la época que asumió Colombia como Estado soberano, ya que esto debe sopesarse con las escrituras dicen tener. Por lo anterior, nacen unas incoherencias que aparecen a la luz después de que la Nación demandara en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, a esta familia en mención, pues no hay un certificado de tradición que diga ¿Cuál es su origen? ¿Desde qué época Colombia es dueña de las tierras? ¿Qué pasó antes de 1971? 

El porqué


En dicho año, las tierras en disputa fueron vendidas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por escritura No. 0717 de 26 de febrero de 1971 de la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, inscrita en el folio inmobiliario No. 080002251; comprador que a su turno lo enajenó a la Corporación Nacional de Turismo, según escritura No. 3.539 de 29 de septiembre de 1978 de la Notaría Cuarta de esta ciudad e inscrita en el mismo folio el 20 de febrero de 1979.” 

El porqué

En dicho año, las tierras en disputa fueron cedidas por la Nación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por un valor $150.600. El Icbf  a su turno lo enajenó a la Corporación Nacional de Turismo en 1978 por $ $45.506.318”.Los inconvenientes estatales no sólo provienen del lado de la posesión del terreno, la proyección que se tenía para el desarrollo local fue uno de detonantes que ocasionó el conflicto frente al Distrito.

En 1993, mediante resolución 0555, el Ministerio de Comercio Exterior declaró como Zona Franca Industrial de Servicios Turísticos el área de Pozos Colorados, convirtiéndose en la primera en el país. La inversión sería en ese entonces de US$63 millones. Un año después surgió la entidad encargada de administrar y promocionar el sector, la llamada Sociedad Operadora de la Zona Franca Turística de Pozos Colorados, los principales socios: la Corporación Nacional de Turismo y el Instituto de Fomento Industrial.La nueva entidad al año de funcionamiento comenzaba a recibir las primeras críticas.

En un informe contundente realizado luego de una auditoría en el 2001, la Contraloría General de la República concluye: “La Operadora desde su creación no ha cumplido con el objeto social de promover, dirigir, administrar y operar la Zona Franca Industrial de Servicios Turísticos de Pozos Colorados; así como explotar a nivel internacional y nacional la zona franca para promover y desarrollar la prestación de servicios en la actividad turística, destinados al turismo receptivo internacional y de manera subsidiaria al turismo nacional.” La situación desencadenó en la decisión de la Alcaldía de Santa Marta para que el año de 1995 se ejecutara la extinción de dominio bajo la resolución 113. Otra notoria falla deriva de las propias demandas de las entidades estatales que tenían la propiedad del terreno.

Uno de los motivos por los cuales tanto la CNT como el IFI (el extinto Instituto de Fomento Industrial) exigieran la entrega del lote radicaba en que aún allí existían salinas y que prevalecía el derecho minero que tiene la Nación sobre estos yacimientos. En relación con lo anterior la Sala Tercera del Consejo de Estado en su fallo proferido en noviembre del 2009, manifestó en su análisis: “En relación con este argumento, observa la Sala, en primer lugar, que de haberse vulnerado o desconocido algún derecho minero mediante la expedición del acto administrativo que declaró la extinción de dominio sobre el inmueble de propiedad de la entidad demandante, quien habría estado legitimado para impugnarlo judicialmente es el titular de tal derecho minero, calidad que la CNT, ni alegó ni probó.
El Ministerio de Comercio proyectaba la zona de Pozos Colorados como un gran centro de interés inmobiliario para el turismo. Hoy ese interés debe pasar a manos del Distrito luego que la Supernotariado ratificara que los terrenos pertenecen a la ciudad.
El Ministerio de Comercio proyectaba la zona de Pozos Colorados como un gran centro de interés inmobiliario para el turismo. Hoy ese interés debe pasar a manos del Distrito luego que la Supernotariado ratificara que los terrenos pertenecen a la ciudad.


El dato
En el 2011 la Corte Suprema de Justicia confirmó un fallo de Tutela del Tribunal Superior de Santa Marta, que tuteló los derechos de dominio pleno que, sobre el lote ‘La Esperanza’, que hace parte del globo de terreno de Pozos Colorados y que ha tenido el Ministerio de Comercio, dando vía   libre al desarrollo turístico que por años se ha pretendido hacer en esa zona, que ya contaba por aquellos años con una licencia de urbanismo expedida por la Curaduría Urbana número 2.

Terrenos en el limbo
En el año 2010, EL INFORMADOR en los especiales publicados sobre el entramado jurídico alrededor de las tierras de Pozos Colorados, expuso el decreto 1671 de 1997, donde se suprime la Corporación Nacional de Turismo, entidad que tenía a su nombre las tierras cuestionadas.En el año 2010, EL INFORMADOR en los especiales publicados sobre el entramado jurídico alrededor de las tierras de Pozos Colorados, expuso el decreto 1671 de 1997, donde se suprime la Corporación Nacional de Turismo, entidad que tenía a su nombre las tierras cuestionadas.En dicha norma se mencionó la transferencia de inmuebles que hizo la CNT al entonces Ministerio de Desarrollo Económico. Allí se refieren a edificaciones, oficinas y lotes, pero no al de Pozos Colorados.18 años después y con base al artículo 22 de la Ley 1558 del 2012 sobre la Ley General de Turismo, donde expone: “Los bienes inmuebles con vocación turística incautados o que les fuere extinguido el dominio debido a su vinculación con procesos por delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, testaferrato y conexos, y los que fueron de propiedad de la antigua Corporación Nacional de Turismo, hoy del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, serán administrados o enajenados por el Fondo Nacional de Turismo…”, apareció la resolución 3293 del 2015 donde se entrega un terreno ubicado en Pozos Colorados al Fonde Nacional de Turismo.
Ese bien, que hacía parte de los fraccionados dentro del globo denominado ‘La Esperanza’, identificado con matrícula inmobiliaria 08057694, con una extensión de seis hectáreas, aparece en la resolución 3283 del Ministerio de Comercio, como un inmueble trasapado a  Fontur.

Resolución donde se oficializa el traspaso de parte de las tierras de Pozosos Colorados al Fondo Nacional de Turismo, Fontur.
Resolución donde se oficializa el traspaso de parte de las tierras de Pozosos Colorados al Fondo Nacional de Turismo, Fontur.



El Distrito: de atacante a atacado

Cuando la ciudad de Santa Marta oficializó el interés por sacar adelante el potencial turístico del sector de Pozos Colorados y declararlo “de interés prioritario dentro del Plan de Ordenamiento Urbano” en 1990 y anexarlo dentro del Plan de Desarrollo del Distrito en el 92, tenía las esperanzas cifradas en una inversión a mediano plazo. Eran tiempos de la Apertura Económica en el gobierno de Gaviria y la capital del Magdalena no podía estar relegada para tal fin. 

Cuando la ciudad de Santa Marta oficializó el interés por sacar adelante el potencial turístico del sector de Pozos Colorados y declararlo “de interés prioritario dentro del Plan de Ordenamiento Urbano” en 1990 y anexarlo dentro del Plan de Desarrollo del Distrito en el 92, tenía las esperanzas cifradas en una inversión a mediano plazo. Eran tiempos de la Apertura Económica en el gobierno de Gaviria y la capital del Magdalena no podía estar relegada para tal fin.

 El privilegio de ser la primera Zona Franca Turística del país, aumentó las expectativas de crecimiento para la ciudad, pero como se señaló anteriormente la inoperancia de la entidad encargada de sacar adelante el proyecto motivó la injerencia directa del Distrito, que siendo socio junto con la Cámara de Comercio, vieron como no se alcanzaron los objetivos luego de un año de funcionamiento de la operadora.

La creación de la Empresa Colombiana de Zonas Francas S.A en 1996 y la entidad mixta a su cargo, Promotora Turística de Pozos Colorados, buscaba brindar las garantías para que se cumplieran las metas propuestas con la apertura de la Zona Franca, pero de nuevo los tropiezos salieron a flote cuando por problemas en la configuración de la junta directiva, la entidad fue perdiendo fuerza, ocasionando más retraso en las inversiones que a futuro se veían proyectadas en la Zona Franca.

 Todo ello culminó cuando en Resolución 1723 de agosto del 2003, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, acabó con la declaratoria de Zona Franca, y disolvió la operadora y por ende a la promotora. Hacia el año 2008, tras fallo de tutela proferido por el Juzgado Octavo Civil Municipal, la Alcaldía de Santa Marta, pagó la suma $3.263 millones a la Empresa Colombiana de Zonas Francas, por concepto de acreencias en asistencia jurídica y pago a trabajadores.

 El ideario de constituir tanto la Nación como el Distrito, cada uno por su lado, el avance en infraestructura turística que tanto le hace falta a la ciudad, puede terminar por encontrar una conciliación entre las partes para compartir equitativamente y proindiviso la administración del lote, según propuso el Consejo de Estado en noviembre del año anterior.




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