Con documentos que datan del periodo de la Independencia de Colombia, la familia que reclama la tenencia ha dado la pelea jurídica contra un Estado que se apropió de los 650 mil metros cuadrados frente al mar a través de leyes impuestas desde comienzos del siglo XX y un Distrito que entró al ruedo del pleito cuando visionó a mediados de los 90 un polo de desarrollo turístico.
El gran misterio que se cierne sobre las últimas 65 hectáreas sin construir en Pozos Colorados, está en el verdadero origen de sus propietarios.
En la última mitad del siglo XX comenzaron a surgir los primeros pleitos entre los herederos de la familia Díazgranados, quienes dicen ser dueños de las extensas tierras denominadas Los Cerritos, con el Gobierno colombiano. Han pasado ocho generaciones y todavía prevalece la disputa, sin ha se haya resuelto con claridad, apareciendo mediados de la década del 90, el Distrito de Santa Marta, completando así un triángulo jurídico que hizo más complejo el caso.
Todo tiene un comienzo…
Las tierras de Pozos Colorados estaban incluidas dentro de un gran terreno denominado Los Cerritos; la extensión cubría casi seis mil hectáreas desde Gaira hasta los límites con Ciénaga.
El primer dato que se tiene conocimiento acerca del predio se encuentra en el archivo notarial del Magdalena. El 16 de diciembre de 1842 en el libro de la Notaría Primera de la ciudad aparece la escritura que certifica la venta de esas tierras por un valor de 500 pesos. El acto de compraventa se sostuvo entre Manuel Romay (vendedor) y Campuzano y José de la Cruz Díazgranados Núñez (comprador). El documento que consta de cuatro páginas describe, entre otros detalles, que las tierras son una herencia perteneciente a las hijas de Manuel Romay, María Josefa y Mariana, cedidas por su madre María Josefa Boriel.
En uno de sus apartes el señor Romay relata en la escritura: “…Y el terreno vendido corresponde a mis referidas que por herencia de su madre difunta Josefa Boriel como lo comprueba la respectiva escritura que se ha perdido por virtud de los acontecimientos políticos”.
En realidad no existía una escritura que contemplara la posesión de las tierras por parte de la señora Josefa Boriel, pero se presumía de la buena fe de quienes hicieron el pacto.
En la frase “se ha perdido por virtud de los acontecimientos políticos”, Manuel Romay hace alusión a los inconvenientes que tuvo en su tránsito por la época de la Independencia; era un persona proveniente de Santa Fe, abogado, quien apoyó la causa patriota, en su cargo como gobernador de la provincia de Cartagena. Hay quienes afirman que el tiempo que estuvo viviendo en Santa Marta junto a su esposa Josefa, nacida en Sabanalarga, fue muy complicado, por ello al momento de enviudar decidió vender las tierras.
De ahí en adelante el terreno comenzó a ser desenglobado, primero en la mitad al ser vendidas en 1855 a Francisco Dávila, en lo que corresponde al oriente en zona de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La otra que le pertenecería a la familia Díazgranados Oligós pasó a llamarse Cerro Blanco y fue fraccionada en hijuelas para los descendientes.
A medida que pasaban las generaciones las porciones se hacían más y más pequeñas, los juicios de sucesión y los testamentos mencionaban cantidades de herederos de la familia Díazgranados, pero poco o nada se tenía claro de cuáles eran las extensiones de las tierras repartidas, pues se hablaba simplemente de linderos.
Cada descendiente hacía sus propios negocios donde ya incluían a terceros. En una de las escrituras del libro de la Notaria Primera de Santa Marta de 1904, se menciona la venta de tierras en esa zona a Minor Cooper Keith, el fundador de la United Fruit Company, para plantaciones de la, por aquellos tiempos excelsa, industria del banano.
¿A qué horas se metió el Estado?
Desde la propia Conquista, el reino español ya tenía injerencia; la explotación de la sal era de sumo interés comercial para los ibéricos, provocando un foco de atención especial en la región.
Si bien es cierto la Nación antes de la Independencia ejercía ese dominio, normativas colombianas establecieron límites para el uso del suelo.
Una prueba de ello es la Ley 110 de 1912 (Código Fiscal), que en su artículo 116 define sobre las propiedades de las salinas: “La sal marina es propiedad del Estado, y, por consiguiente, sólo a éste corresponde el derecho de extraerla en las costas de la tierra firme o de las islas, ya en sus propias salinas, ya en las de propiedad particular, previo arreglo con el dueño del suelo”, lo anterior establecía hace casi 100 años que existía un respeto entre las partes.
Pero las tierras de Pozos Colorados sólo siguieron siendo usadas para la explotación de la sal, ya el terreno árido y salitroso no era propicio para la agricultura ni para la construcción de viviendas, convirtiéndose una gran parte del sector en baldíos. De allí el abandono que miembros del clan Díazgranados efectuarían.
La Nación al presumir que las tierras estaban desiertas dispuso de ellas a través del marco legal con el Código Fiscal, creando una administración del pedazo de tierra y de otras más, pero que en los años 50 fueron objeto de reclamación por las diferentes ramas de la familia, tratando de probar la legitimidad de alguna fracción del terreno ante la justicia.
Era tal el poder del Estado frente a los terrenos que comenzó a adjudicar a terceros en momentos en que las salinas iban desapareciendo. A través del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, fueron surgiendo construcciones reconocidas como el hotel Irotama a fines de los 50 o el Santamar Hotel propiedad del Gobierno en sus inicios.
Poco a poco los famosos pozos eran tapados por las bases de concreto de las modernas edificaciones. Incluso, en 1964 con escritura No. 359 fue otorgada en la Notaría Segunda de Santa Marta una servidumbre a favor de Richmond Petroleum Company of Colombia, entidad encargada de instalar tuberías para el transporte de combustible.
El asunto se puso más interesante cuando en 1978 la extinta Corporación Nacional de Turismo asumió el espacio para desarrollar proyectos de inversión de la industria turística.
La cifra
billones de pesos es la cifra que podría estar valorado los 650 mil metros cuadrados del predio de Pozos Colorados, si se tiene en cuenta que el precio por metro cuadrado en ese sector oscila actualmente de 2 a 2.5 millones de pesos.
El pleito El pleito florece
“Con la Apertura económica”, implantada por Cesar Gaviria Pozos Colorados tomó como el nuevo polo de desarrollo, y fue así que en 1993 se crea la Zona Franca Industrial de Servicios Turísticos de Pozos Colorados, por medio del decreto 0555.
Hacia 1994 y con el apoyo del Instituto de Fomento Industrial, IFI y la Corporación Nacional de Turismo conformaron la Operadora de Zona Franca Turística de Pozos Colorados ltda., más adelante entraron en la sociedad la Alcaldía Distrital de Santa Marta y la Cámara de Comercio de la ciudad.
La repentina valorización de la zona que preveía millonarias inversiones de cadenas hoteleras, conjunto residenciales, casinos, restaurantes, discotecas, crearían un conjunto de lujo que consolidarían a Santa Marta como el nuevo destino para el turista de primer nivel. La Operadora de Zona Franca Turística de Pozos Colorados tenía claro esos propósitos pero entre muchos proyectos presentados, aún no mostraba uno en concreto para arrancar.
Un año después las cosas no salían como estaba presupuestado. Según una auditoría realizada por la Contraloría General de la República se describe: “La Operadora desde su creación no ha cumplido con el objeto social de promover, dirigir, administrar y operar la Zona Franca Industrial de Servicios Turísticos de Pozos Colorados; así como de explotar y promocionar a nivel internacional y nacional la Zona Franca para promover y desarrollar la prestación de servicios en la actividad turística, destinados al turismo receptivo internacional y de manera subsidiaria, al turismo nacional”.
Como una forma de evitar el estancamiento en el proceso de desarrollo urbanístico del sector, la Alcaldía Distrital, bajo la administración de Edgardo Vives Campo, procedió en julio del 1995 a hacer efectivo el proceso de extinción de dominio sobre el terreno de Pozos Colorados a la Corporación Nacional de Turismo; tanto la CNT como el IFI iniciaron respectivamente recursos de reposición sin que las autoridades judiciales les dieran la razón.
A comienzos de los 90 ya había sido organizada por los herederos de la familia Díazgranados, aquellos de la línea de sucesión de Máximo Campo Díazgranados, nieto del comprador de las tierras en 1842, la empresa Cerro Blanco S.A., sociedad que adquirió un segmento de los terrenos bajo escritura pública 1126 de 1991.
En 1996 el Distrito creó la Promotora Turística de Pozos Colorados, entidad que cumpliría las mismas funciones que la operadora anterior, pero que también fracasó en su intento, luego que el Gobierno no la facultara por inconvenientes en la conformación de la entidad.
