La ciudad tuvo un retroceso en el último año. Datos oficiales revelan que la pobreza aumentó 4,4 por ciento en 2016.
El Distrito de Santa Marta enfrenta un serio problema económico y social. Y es que la pobreza arropa a más de un tercio de los habitantes de la ciudad. Pese a la riqueza turística, cultural e histórica de la capital del Magdalena buena parte de la población tiene sus necesidades más básicas insatisfechas.
Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) muestran un aumento de la pobreza en Santa Marta, al pasar de 30,7 por ciento en 2015 a 35,1 por ciento en 2016, un incremento de 4,4 por ciento.
Los datos oficiales indican que una buena parte de los habitantes de la ciudad no tienen sus necesidades básicas satisfechas, sino únicamente las relacionadas con la alimentación.
Dentro del resultado global, se encuentra el índice de pobreza extrema, el cual pasó de estar en 6,5 por ciento al 7,1 por ciento, un alza de 0,5 por ciento que aunque luce poco significativa, la verdad es que tiene una seria incidencia en la población, pues indica que de los 476 mil 385 habitantes de la ciudad en el año 2016, dos mil 382 personas tienen sus necesidades básicas insatisfechas.
El fenómeno del
desplazamiento
Según el geente del Centro de Regional de Atención a Víctimas, Eduardo Barreneche, el 27 por ciento de la población en Santa Marta es víctima del conflicto armado, lo que equivale a 130 mil 310 individuos.
“No solo estamos hablando de personas de estratos 1, 2 y 3, las víctimas no tienen estrato social, son personas de todas las clases sociales quienes han sido víctimas”, afirmó el director.
El centro atiende unos 350 casos diarios, y desde que se inauguró la sede han atendiendo por sistema de turnos a 107 mil 547 víctimas.
El gerente explicó que estas personas que se atienden son en su mayoría de la Zona Bananera, de la Sierra Nevada y en general del departamento del Magdalena, pero la cifra de personas de la capital es alta.
Vivienda, un sueño
sin piso
Los miles de desplazados que arrojó el conflicto armado, provenientes de poblaciones cercanas y hasta del mismo interior del país, se alojaron en la rivera de los ríos, los cerros e invadieron terrenos de la ciudad de Santa Marta, sin las mínimas condiciones de seguridad.
Hoy estos habitantes están a la espera de que el Gobierno les restituya sus tierras y siguen en la ciudad acrecentando la cifra de personas que viven en extrema pobreza y que claman una mejor calidad de vida.
El derecho a la vivienda digna está reconocido por el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia y ha sido objeto de una evolución jurisprudencial desde la perspectiva que los derechos fundamentales, quienes lo han desarrollado desde su misma naturaleza, situación que para las decisiones judiciales o administrativas, respectivamente, no cuenta únicamente lo que se deriva del derecho a la vivienda digna en estrecha relación con la conservación y supervivencia digna del ser humano, sino también aquellas razones que se desprenden de otros derechos y bienes relevantes desde el problema que afecta en concreto la subsistencia misma de toda persona y su familia.
En la urbanización de Santa Helena fueron reubicados por el Gobierno Nacional cerca de 18 mil colombianos, quienes en su mayoría fueron víctimas del desplazamiento armado; hoy reclaman a la administración distrital que se les garanticen todos los derechos, ya que carecen de los elementos básicos que implica el goce de una vivienda digna, entendida bajo el alcance que determinó la Sentencia T-958 de 2001 como “todo un entorno digno y apropiado dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda propio o ajeno que incorpore condiciones suficientes para que quienes habiten allí, puedan realizar de manera digna su proyecto de vida”.
En tal sentido, la comunidad pide al gobierno distrital cumplir con todo lo necesario como es el centro de salud, estación de policía, colegio, zonas recreativas y el servicio de agua permanente.
“Seguimos sintiéndonos discriminados, nuestros sueños se han visto relegados por el abandono de las promesas de un Gobierno que no nos ha cumplido”, afirmó Alejandra Rubio, joven desplazada del Cesar cuando aún era menor de edad.
Informalidad o empleo
La pobreza es un indicador que mide la cantidad de dinero que le falta a una persona para dejar de estar en esa situación.
Esta diferencia se presenta con respecto al ingreso per cápita de un individuo y se pondera por el número de ciudadanos pobres.
Aunque según las cifras del Dane la ciudad tiene uno de los índices de desempleo más bajos, ubicado en 8,1 por ciento de acuerdo con el último informe correspondiente a mayo, las estadísticas contrastan con la informalidad que se evidencia en las calles y que últimamente parece agudizarse.
Los datos oficiales lucen poco alentadores, pues aunque para la elaboración de la data se considera a los trabajos por cuenta propia, lo cierto es que muchos de esos empleos no generan los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas.
Por: Vicky Cianci
Redacción EL INFORMADOR
Fotos:Orlando Marchena