Con el ánimo de ampliar la democracia participativa, se aprobó en Colombia la ley de revocatoria del mandato a alcaldes y gobernadores (ley 134 de 1.994). Desde la Constitución de 1.991 se han hecho 165 intentos de revocatoria del mandato, todas sin éxito. Desde 1.996 se han presentado oficialmente ante la Procuraduría 109 solicitudes de revocatoria y ninguna ha prosperado.
La ley estatutaria 1757 del 2015, que en teoría busca promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y asimismo controlar el poder político, no parece surtir los efectos esperados. En el 2017 se ha disparado este mecanismo de participación ciudadana, sin ningún resultado positivo.
Parece ser que dicha ley terminará siendo contraproducente para el país, y probablemente se caerá por su propio peso, ya que una acción de revocatoria, demanda gastos millonarios, que podrían servir para cosas más interesantes.
Además, esta iniciativa se está convirtiendo en revanchismo político, desvirtuando la misma ley. Muchos de los candidatos perdedores son los líderes y abanderados de las revocatorias. Su angustia sufrida por la derrota, no los deja estar tranquilos y aprovechan la ley para intentar derrocar a su contrincante, que ya no es su rival político sino su enemigo personal.
Por otra parte, está afectando la gestión de los mandatarios, que dejan de gobernar por defenderse, en detrimento de los municipios, de tal manera que se pasan los cuatro años en líos jurídicos y el ente territorial queda peor que antes.
